Por Denis Aguilar
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Esta mañana, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y la Alianza Nacional de Organizaciones de Mujeres Indígenas por la Salud Educación y Nutrición (Alianmisar) presentaron un informe sobre el derecho a la educación en los niveles primario, básico y diversificado, donde se indica que la gratuidad en la educación pública no se garantiza al 100 por ciento.
Según el informe, un 37.3 por ciento de los padres de familia aseguraron que se les solicitó algún cobro en un centro educativo público, dato que aseguran que se incrementa en comunidades rurales e indígenas, lo cual es propiciado por la entrega tardía de fondos o porque estos recursos son insuficientes.
La PDH asegura en el informe que los recursos destinados por estudiante para garantizar la gratuidad en la educación son los mismos que hace 11 años.
Asimismo, un 68.9 de los padres de familia consultados señalaron que se les solicitó la compra de útiles escolares, mientras que 39.9 por ciento asegura que se les pidió la compra de libros de texto. La PDH argumenta que esto se debe a causa del retraso en la entrega de fondos a las organizaciones de padres de familia.
