Por REDACCIÓN LA HORA
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La fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras, dijo hoy en conferencia de prensa, que derogó los acuerdos internos sobre la seguridad que se prestaba a su antecesora Thelma Aldana.
“Ya procedí a derogar los acuerdos internos emitidos con anterioridad a mi gestión en este tema”, dijo Porras.
Esta medida de protección, incluía a la ex secretaria general del MP, Mayra Véliz, quienes junto con Aldana, contaban con seguridad después de haber dejado los cargos que ocupaban en la institución.
“Se trata de la seguridad de la señora ex fiscal general y en cuanto a la Secretaria del Ministerio Público en aquella administración, es efectivamente esos acuerdos”, añadió.
Además, Porras señaló que al terminar su gestión como Fiscal General, no utilizará a personal de seguridad, recibirá únicamente la protección que otorga el Ministerio de Gobernación.
“No me voy a llevar ningún elemento de seguridad, sino atenderé, como buena profesional del derecho, el acuerdo gubernativo existente, que le corresponde al Ministerio de Gobernación”, brindar el esquema de seguridad para exfuncionarios, dijo.
ACUERDOS
En la administración del fiscal general Adolfo González Rodas se emitió el acuerdo 10-2002 que establece que el jefe del MP debe gozar de protección una vez haya dejado el cargo, por el tiempo y forma que disponga el Fiscal General.
La ex fiscal general Aldana, antes de dejar el cargo cambió el acuerdo, el que está vigente actualmente es el 80-2017.
En este acuerdo se establece que el tiempo para darles seguridad y vehículos a los exfuncionarios es por cinco años. En el anterior acuerdo se dejaba a consideración el tiempo a quien ostentara el cargo
ALDANA FUERA DEL PAÍS
Aldana actualmente se encuentra fuera del país y tiene una orden de captura en su contra por el caso de la compra de un edificio para el MP, en la zona 5, durante su administración, en el cual según la Fiscalía que lo investiga, hubo una sobrevaloración de Q3.5 millones.
No obstante, según pudo conocer La Hora, la escritura del inmueble que compró el Ministerio Público (MP) a Bertram, Sociedad Anónima, en la zona 5, consigna un valor de Q31 millones 339 mil 311.81, una cantidad menor al avalúo realizado por la Dirección de Catastro de Avalúos de Bienes Inmuebles (DICABI), de Q35 millones 100 mil 029.23 y la empresa Serto, contratada por la Contraloría General de Cuentas, que hizo un avalúo por Q31 millones, 500 mil 076.97.
El MP compró el edificio por la cantidad de Q35 millones 100 mil 029.23, debido a que pagó Q3 mil 760 millones 712 mil 717.42 en concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por ser primera venta, lo que significa que pagó una cantidad menor a ambos avalúos, (el de DICABI y Serto), ya que en total pagó Q31 millones 339 mil 311.81 al vendedor, el valor comercial del inmueble, sin impuestos.
