Juan Antonio Mazariegos

jamazar@alegalis.com

Abogado y Notario por la Universidad Rafael Landívar, posee una Maestría en Administración de Empresas (MBA) por la Pontificia Universidad Católica de Chile y un Postgrado en Derecho Penal por la Universidad del Istmo. Ha sido profesor universitario de la Facultad de Derecho de la Universidad Rafael Landívar en donde ha impartido los cursos de Derecho Procesal Civil y Laboratorio de Derecho Procesal Civil. Ha sido y es fundador, accionista, directo y/o representante de diversas empresas mercantiles, así como Mandatario de diversas compañías nacionales y extranjeras. Es Fundador de la firma de Abogados Alegalis, con oficinas en Guatemala y Hong Kong, columnista del Diario La Hora y Maratonista.

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Juan Antonio Mazariegos G.

De conformidad a las mejores previsiones del ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), José Benito, es posible que para el uno de noviembre y como un beneficio para los miles de guatemaltecos que en esa fecha se desplazan hacia sus ciudades de origen a visitar a sus difuntos, se abra un carril del tristemente famoso Libramiento de Chimaltenango.

Tuve la suerte de utilizar el Libramiento justo antes de que las lluvias trajeran al traste una obra que se pinta a sí misma como la viva imagen de cómo se realiza y qué resulta al momento de que se crea infraestructura en Guatemala. La obra en apariencia cumplía con el objetivo fundamental, dejar atrás El Tejar y Chimaltenango, dando fluidez a lo que sin duda era el tramo más lento y difícil de pasar de toda la Carretera Panamericana.

Previo a la inauguración del Libramiento, viajar al occidente del país, por la también conocida popularmente como ruta de tierra fría, o se hacía por necesidad o con desconocimiento de lo que el conductor encontraría, atravesando los aproximadamente 11 kilómetros que separan ambos municipios, en interminables colas de vehículos que a vuelta de rueda peleaban por llegar al otro extremo, en medio de la desesperación o imprudencia de muchos otros que optaban por desorganizar, aún más las lentas caravanas, haciendo doble o triple carril en donde solo un automóvil podía transitar.

Los 15 kilómetros de la obra del Libramiento, de conformidad a diversas noticias de prensa, tuvieron un costo aproximado de 470 millones de quetzales aunque se adjudicaron originalmente, el 17 de junio del 2014 a la empresa Constructora Nacional, S.A. (Conasa), la cual había ganado la licitación de la misma ofertando la obra en 312 millones de quetzales. Al final, más de 5 años después, 150 millones más cara y con unos pocos meses de uso, la obra no se puede utilizar y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), ha comunicado que no es recomendable su uso.

Las disculpas y las teorías ahora sustituyen al Libramiento, según expertos se ha determinado que los cortes de la montaña que bordean la carretera se hicieron sin la inclinación adecuada y el anclaje necesario, lo que resultó en los derrumbes que ahora obstruyen la vía. El Ministerio Público ha iniciado una investigación de oficio, la Contraloría General de Cuentas que pasó de noche por la supervisión de la calidad del gasto, la asignación de recursos y supervisión de contratos, algo tendrá que hacer. Sin duda, deben deducirse responsabilidades a las empresas y funcionarios que resulten responsables, de nada sirve que la ruta quede abierta en unos meses y que nos gastemos otro buen monto de millones en la obra, si no se sienta un precedente y el Estado cumple su función castigando o cobrando a quienes sean responsables.

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