Por Cristian Velix
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Magistrados de Corte de Apelaciones presentaron hoy tres planillas de aspirantes que buscan integrar la Comisión de Postulación de la Corte de Suprema de Justicia (CSJ). En las nóminas se busca reelegir a once comisionados, cuya elección anterior fue anulada.
De esa forma, dichos magistrados se distribuyeron en las tres nóminas entregadas hoy y según Guatemala Visible buscan volver a integrar la mencionada Comisión: Romeo Monterrosa Orellana, Fausto Fernando Maldonado Méndez, Dixon Díaz Mendoza, Edwin Roberto Ruano Martínez, Harold Estuardo Ortiz Pérez.
Asimismo, Jorge Alberto González Barrios, Miguel Enrique Catalán Orellana, Gustavo Adolfo Samayoa Romero, Nicolás Cuxil Güitz, Aracely Amaya Fabián y Wendy Angélica Ramírez López, quienes pretenden ser reelectos, por lo que únicamente Cathy Rossana López Rodríguez declinó de participar en esta ocasión.
Por su parte el presidente de la Comisión Electoral para la elección de los representantes de los magistrados, Ronald Colindres, dijo que se corroboraron todos los requisitos que se habían solicitado para la inscripción y las tres planillas las presentaron de forma adecuada.
INCONGRUENCIAS
La elección se llevará a cabo hoy en horas de la tarde y para la selección de los comisionados de la de Apelaciones se utilizará el método proporcional de minorías, en una repetición del proceso, luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgara un amparo provisional al magistrado Noé Ventura Loyo.
En ese amparo, la CC ordenó que se repitiera la elección de dichos representantes ante la Comisión de Postulación mencionada, debido a algunas inconsistencias durante su nombramiento, entre ellos que no se siguieron los procedimientos de la Ley de Comisiones de Postulación.
En esa medida, Ventura Loyo alegaba en la acción que se le fue otorgada que el proceso de elección anterior se dio sin que los representantes electos hayan presentado su respectiva documentación que acreditara que cumplían con los requisitos establecidos en la Ley.
De esa manera, detalló el togado que se obvió la entrega de la documentación que estableciera que eran guatemaltecos, colegiados activos, que tuvieran por lo menos cinco años de ejercicio profesional, estar en el pleno de sus derechos civiles y políticos, entre otros requisitos.
