Mariela Castañón
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Hace tres días hubo “una fiesta” en los sectores 11A y 11B del Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona 18, en el sector del Barrio 18, donde estuvieron varias mujeres adultas y un promedio de 95 niños, niñas y adolescentes (NNA), expuestos a cualquier tipo de violencia o a ser testigos de escenas que vulneran su inocencia.
Fue muy preocupante observar a decenas de menores de edad salir un día después de “la fiesta” de esa prisión, e imaginar ¿qué pudo sucederle a la niñez y adolescencia en esos sectores? donde existe anarquía total y las personas están sujetas a cualquier vejamen.
Preocupa que a estas alturas cuando ya se han documentado tres casos de violación sexual contra la niñez (los que son de dominio público, pero pueden existir muchos más), dos en contra de niñas en el Sector 11 del Preventivo y uno en la cárcel de Puerto Barrios en Izabal en contra de un niño, el Ministerio de Gobernación, a través del Sistema Penitenciario no implemente protocolos para regular el ingreso de menores de edad en los 21 centros carcelarios.
Sin duda, es un tema de falta de voluntad y de poca o nula importancia para las autoridades, que deberían considerar esta situación como prioridad.
El año pasado, en su visita no oficial a Guatemala, representantes del Comité de los Derechos del Niño, explicaron que un promedio de 50 mil niños y niñas tenían a sus padres en las cárceles.
El dato es alto y también es un referente sobre los riesgos a los que pueden estar expuestos todos esos NNA. Si bien es cierto, algunas cárceles por sus condiciones, preventivas o de cumplimiento de condena y por perfil de la población reclusa, podrían medirse por un nivel de peligro medio o alto, lo cierto del caso es que el riesgo es latente.
Además, existen otras preocupaciones, por ejemplo cuando en plena visita los reos se amotinan, o se originan masacres dentro de las cárceles. Las autoridades deben entrar a retomar el control y esto expone a la niñez a que sean afectados por algún hecho de violencia o puedan inhalar gas pimienta al momento de que las autoridades actúan.
Otro factor que también se puede mencionar y que en otras ocasiones ha documentado la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), es que la niñez puede ser afectada psicológicamente al ser testigos de cualquier acto que no es apto para su edad.
En el año 2009 y en los próximos años, tras conocerse de las violaciones sexuales en el Sector 11 del Preventivo de la zona 18, la PDH realizó un informe que consignaba varias observaciones y entre esas mencionaba que no existen espacios para la visita conyugal de las parejas de esposos; resaltaba la importancia de no exponer a la niñez a escenas que vulneren su inocencia.
Los reos y sus familias tienen el derecho humano de la visita, pero vale la pena analizar bajo qué circunstancias ingresan los menores de edad.
El Ministerio de Gobernación y el Sistema Penitenciario deben implementar protocolos para que en la medida de lo posible existan espacios seguros y sobre todo deberían combatir la corrupción, no ser parte de ella.
