La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó su informe sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala en 2020. Foto: La Hora

SANTIAGO DE CHILE/AP

El escándalo de sobornos de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS llegó a Chile: un exempresario condenado por corrupción reveló que hizo un supuesto aporte de unos 140 mil dólares a la campaña presidencial de Michelle Bachelet de 2013.

Léo Pinheiro, exejecutivo de OAS investigado y condenado por corrupción en el marco del caso Lava Jato que indaga una vasta telaraña de corrupción que incluye a políticos de varios países latinoamericanos, dijo a la justicia brasileña que presuntamente aportó los fondos para Bachelet por pedido del expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, reveló el periódico Folha de Sao Paulo.

“No he tenido nunca un vínculo con OAS, ni con ninguna otra empresa», aseveró Bachelet en exclusiva al canal de televisión chileno 24Horas en una entrevista que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas brindó en Ginebra.

Mientras el gobierno centroderechista del presidente Sebastián Piñera declinó referirse al tema porque, dijo, carece de información detallada, diputados oficialistas pidieron a Bachelet que hable sobre la acusación de Pinheiro.

“OAS es una empresa internacional que se dedicó a financiar candidaturas de izquierda a cambio de contraprestaciones, o sea, de corrupción”, declaró el legislador Antonio Coloma.

Por su parte, el político ultraderechista José Antonio Kast dijo que, de ser ciertas las declaraciones del empresario, “sería el escándalo más grande de corrupción que afecte a un presidente de Chile”.

“Michelle Bachelet debe renunciar a su cargo (de Alta Comisionada) y venir a enfrentar a la justicia chilena”, añadió.

En Chile la justicia inició una investigación sobre supuestos aportes irregulares a Bachelet, a Marco Enríquez Ominami -candidato presidencial de centroizquierda en las elecciones de 2009- y a varios políticos. Algunas causas llegaron a condenas en libertad pactadas. El caso de Enríquez Ominami sigue activo y el de la ex mandataria está en suspenso a la espera de más información.

El fiscal nacional Jorge Abott señaló que se indagará para establecer “la efectividad de ese financiamiento y poder hacer los reproches penales que correspondan y a las personas que se ven involucradas, sean quienes sean. Nadie está por sobre la ley”.

Políticos de centroizquierda rechazaron la acusación contra Bachelet.

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