La Corte de Constitucionalidad resolvió los expedientes relacionados con la integración de la Corte Suprema de Justicia para el próximo período suspendiendo todo el trámite y, de paso, sentencia que se deben aplicar enmiendas al proceso de selección de los postulados para las Salas de Apelaciones, en lo que constituye un severo golpe que se propina al sostenido esfuerzo a favor de la impunidad que se viene trabajando desde que la CICIG destapó los casos que evidencian la captura del Estado.
Los aspectos fundamentales del fallo de la CC están en la forma en que se conformó con actuales magistrados, sin elección alguna, la Comisión de Postulación para la CSJ y en el incumplimiento del Consejo de la Carrera Judicial en todo lo relacionado con la evaluación que debió hacer de quienes, siendo parte de esa carrera, aspiran a magistraturas.
En los dos casos se detiene el proceso de postulación porque en lo relacionado con la CSJ se tiene que realizar la elección entre los magistrados y, al igual que en la postuladora para magistrados de Salas, se tiene que esperar a que el Consejo de la Carrera Judicial haga las evaluaciones de los que se presentaron como aspirantes a ser postulados.
Obviamente es un severo golpe al esfuerzo por eternizar el régimen de impunidad en Guatemala y con ello la Corte de Constitucionalidad cumple con sus deberes como instrumento de la legalidad en el país porque todo el proceso se veía amañado sin que la minoría de profesionales decentes dentro de las comisiones pudieran hacer absolutamente nada frente a la forma en que se diseñó el proceso de postulaciones, dejando en claro que cuando se ha hablado de vicios no se estaba inventando nada sino que era la gráfica descripción de todas las anomalías cometidas con el fin último y concreto de disponer de un sistema judicial cooptado que sirva a quienes necesitan garantías de impunidad en el país.
Y es que ante la certeza de que sin la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y sin un Ministerio Público independiente del Pacto de Corruptos y, más aún, que es parte de la Corporación de Impunidad que aglutina a prominentes miembros de la “alta sociedad”, los operadores de la comisiones paralelas se sintieron a sus anchas no sólo en casos burdos como la marginación de los jueces Gálvez y Aifán y la tolerancia con Cruz, sino que en todo el proceso para asegurar que la mayoría de los propuestos fueran profesionales alineados con el objetivo de devolver la paz y tranquilidad a todos los que se han sentido en riesgo por tener la cola machucada.
El fallo de la CC puede considerarse histórico por sus repercusiones a futuro y por las consecuencias que tiene en esta etapa crucial de la vida nacional. Lo que le faltaba a la Corporación de la Impunidad (que opera como una auténtica corporación lucrativa) era justamente disponer de un sistema judicial que fuera garante del irrespeto eterno a la ley en el país y estaban a punto de lograrlo con las postulaciones que se concretarían dentro de muy pocos días para enviar al Congreso listados debidamente apalabrados.
Ahora tendrá que revisarse todo el proceso y tras disponer de las calificaciones será a partir de ellas que deberá escogerse a los profesionales del derecho que serán postulados. Menuda y crucial diferencia la dispuesta por la CC.
