Por Cristian Velix
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La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) pidió en el Juzgado de Mayor Riesgo “A”, a cargo de la jueza Claudette Domínguez, que la excandidata a la Presidencia, Sandra Torres, fuera ligada a proceso en el Caso Financiamiento Electoral Ilícito de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Los delitos por los que la Fiscalía pidió que fuera vinculado al proceso son financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita, en el que se le señala de consentir aportes a la agrupación política aludida por casi Q6 millones.
En esa línea, el fiscal Fernando Aldana expresó que en esta investigación se logró establecer que la UNE, de forma dolosa, consciente y deliberada omitió registrar múltiples aportes que fueron captados por Gustavo Adolfo Alejos Cámbara y Mario Roberto Leal Castillo, ambos señalados en este expediente judicial.
En esa medida, la Fiscalía agregó que Alejos no fue un simple financista, sino que él desempeñó el rol de captar posibles aportantes para la UNE en el 2015 y que mantenía informada a Torres acerca de las actividades del grupo criminal, haciéndole referencias dentro de las comunicaciones telefónicas a frases como “hoy si me tiene trabajando Sandrita”, “ya le tengo agendadas las reuniones a Mario Leal” y “hoy nos fue bastante bien”.
MECANISMOS PARA EVITAR CONTROLES
Entre las empresas que según la FECI sirvieron como un mecanismo alterno para evitar los controles de la Tribunal Supremo Electoral (TSE) de parte de ese partido político se encuentra, MAARIV S.A. y Promotora de Recursos Habitacionales S.A. (Prohabsa).
De la primera empresa, la representación del Ministerio Público (MP) detalló que se detectó gastos para pauta publicitaria en televisión a favor de la UNE, siendo las empresas beneficiadas Trecevisión S.A., Libremisión S.A., Televisiete S.A., TVA Guatemala, por un monto conjunto de casi Q143 mil.
Asimismo, la Fiscalía afirmó que Per Michael Erichsen explicó que él entregó un cheque a MAARIV S.A., por Q250 mil, lo cual constituyó un aporte a la UNE en el 2015, el mismo fue, presuntamente, requerido por el vicepresidenciable de ese partido político de ese año, Mario Leal.
Los fondos provenían de la empresa Unipharm y según la declaración de Erichsen, Leal no le entregó ninguna constancia ni tampoco firmó de recibido algún documento, a pesar de que se lo entregó personalmente en un sobre blanco.
La Fiscalía refiere que Leal nuevamente le pidió a Erichsen que aportara a la UNE, que ya había llegado a la segunda vuelta enfrentando al actual presidente, Jimmy Morales, a lo cual Erichsen accedió con un nuevo aporte de Q250 mil.
En esa línea, según la declaración de Erichsen, el segundo pago lo entregó personalmente a Torres a través de un cheque de su propia cuenta bancaria por el monto indicado, esto ocurrió en la casa de campaña de esa agrupación política ubicada en la zona 10, capitalina, en donde, aparentemente, la ex primera dama, ante el aporte, se limitó a decir “muchas gracias”.
Según el testimonio de Erichsen, ese documento bancario se giró a favor de Byron Argueta y no a nombre de las cuentas de la UNE.
CONTINÚAN EVALUCIONES MÉDICAS
La jueza Domínguez rechazó la solicitud de los abogados de Torres de que ella fuera trasladada de Mariscal Zavala, en donde guarda prisión, a un centro asistencial, aduciendo que tenía un edema y dolor en su muñeca izquierda.
La juzgadora declaró sin lugar la petición, indicando que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) en una nueva evaluación realizada a la señalada, estableció que ella se encuentra clínicamente estable y no amerita su traslado a un centro médico.
No obstante, el dictamen determinó que ella no está recibiendo medicamentos para las dolencias que padece, por lo que Domínguez ordenó que en un plazo de siete días se le practique una nueva evaluación médica.
La audiencia de primera declaración seguirá el viernes 20 de septiembre próximo, en donde los abogados manifestarán sus argumentos en contra de la imputación realizada por la FECI. Por ahora, Torres seguirá en Mariscal Zavala.
