Adolfo Mazariegos
En el marco de los regímenes democráticos actuales, la existencia de partidos políticos constituye uno de los elementos en los que se sustenta el sistema político, es decir, dado que, por antonomasia, un partido político es el vehículo mediante el cual se accede al poder político-gubernamental del Estado. De conformidad con el artículo 17 de la actual Ley Electoral y de Partidos Políticos, un partido político es “una organización política” que, constituida legalmente e inscrita en el Registro de Ciudadanos, goza de la calidad de “Institución de derecho público”. La Real Academia de la Lengua Española, por su parte, indica que una institución es una organización que goza de respeto por su quehacer, porque crea, porque propone y porque además perdura en el tiempo. Un partido político tiene responsabilidad jurídica, lo cual le permite hacer valer sus derechos, pero al mismo tiempo le obliga a cumplir con un marco jurídico vigente. A nivel teórico y visto en la práctica como algo “ideal”, un partido político es ese intermediario entre la población y el Gobierno en el cual se ha delegado la administración del Estado. En otras palabras, idealmente los partidos políticos son grupos organizados -en el marco de la ley- a través de los cuales puede coadyuvarse a mejorar diversas áreas de la vida cotidiana de un país, y no solamente de un grupo reducido cuyos fines sean personalistas y clientelares (como ha sucedido, innegablemente). Dicho esto, resulta obvio el hecho de que esa institucionalidad que debe caracterizar a los partidos políticos guatemaltecos, de acuerdo con la teoría y de acuerdo con la ley, resulta casi inexistente (por no decir simplemente inexistente). La institucionalidad de un partido político es algo que debe nacer desde el interior de su propia organización, va amarrada a la democracia interna y a la misión y visión de este, lo cual, por supuesto, debe ser congruente con su ideología, con sus planes de trabajo y con sus objetivos. Una forma inadecuada de vestir a un partido político lo hace poco consistente en sus valores, poco realista, poco congruente con las necesidades y obligaciones que debe asumir incluso en el ámbito de la formación ciudadana, y, por lo tanto, lo hace permeable y susceptible a vicios de todo tipo, lo cual se constituye en una de las principales falencias que provocan su falta de institucionalidad en virtud de la poca o nula identificación de su gente con la organización. Esto, sin contar el hecho de que, en la mayoría de los casos, los partidos políticos en Guatemala son vistos y creados como empresas, no como colectivos sociales mediante los cuales (como ya apunté) se podría coadyuvar a mejorar el país. Resulta evidente que a los partidos políticos guatemaltecos no se les ve como verdaderas instituciones de derecho público, y eso, además de lo ya mencionado, se debe a que la mayoría de los partidos parecieran nacer sin una visión de país, mucho menos de largo plazo.
