Raúl Molina
Pese a la propaganda orquestada para denigrar a la CICIG y socavar su encomiable y eficiente trabajo, la inmensa mayoría de la ciudadanía –exceptuando los sectores cercanos a la dictadura de la corrupción, los grandes capitales y sectores de capas medias influidos por estos y por sectas religiosas fanáticas– está convencida de que la actuación de la CICIG permitió destapar la cloaca de abuso, delincuencia, crimen, corrupción e impunidad que ha contaminado al Estado y parte de la sociedad y que ha hecho de Guatemala un Estado fallido, colonia de Estados Unidos y régimen caótico. No queremos nuevos experimentos de comisiones hechas para hacer fracasar el objetivo de su existencia, menos redactadas en inglés y recibidas de un imperio que ve a las y los guatemaltecos como sus enemigos. Quien ocupe el gobierno en enero de 2020, tendrá que dialogar con la sociedad civil, que es la que propició la creación de la CICIG, para conjuntamente definir las características de un nuevo acuerdo con la ONU, no con Estados Unidos, para que tanto la corrupción como la impunidad sean eficientemente enfrentadas.
Es ésta la esencia de la carta que ciudadanas y ciudadanos, y entidades comprometidas con los derechos humanos y la justicia, hemos elaborado para solicitar al Secretario General de la ONU que abra un compás de espera de seis meses en 2020 para recibir una propuesta consensuada entre sociedad civil y gobierno sobre un nuevo acuerdo entre la ONU y el Estado guatemalteco, que no esté sujeto a los caprichos de un presidente y sus funcionarios incondicionales, sino que quede sujeto a la voluntad de la ciudadanía en función de los mejores intereses de la población. Ante la crisis de ilegitimidad de Jimmy Morales y su equipo político-militar, la población afirmó: “Que continúe la CICIG y que se vaya Jimmy”. Esto fue ignorado por la dictadura de la corrupción y la ciudadanía, debemos reconocerlo, una vez más cayó en la trampa electoral y, para felicidad de las y los corruptos, se impuso el fraude electoral. El convenio actual entre la ONU y Guatemala quedará terminado; pero, con la fuerza que no construimos para echar al gobierno actual, no toleraremos el despotismo del nuevo gobierno.
En la carta, se hace merecido reconocimiento a la CICIG: “Ha sido extraordinaria la contribución de dicha Comisión a la búsqueda de la justicia y el desarrollo democrático en Guatemala y creemos firmemente que su presencia en el país sigue siendo necesaria… La esperanza que aún guardan las y los buenos guatemaltecos de que se puedan erradicar la corrupción y la impunidad se apoya en la participación continuada de la ONU en Guatemala, para superar el poder de quienes se han apoderado del Estado para sus actos criminales”. Al final, solicitamos tiempo antes de dar por aceptada la equivocada decisión de Jimmy Morales, “solicitamos que se nos conceda una moratoria de seis meses en 2020 para buscar un consenso nacional con relación a la continuidad de la CICIG y que se reserven los recursos necesarios para reiniciar las labores de dicha Comisión, revitalizada y reorientada según las necesidades más apremiantes de Guatemala”.
