Por Denis Aguilar y Cristian Vélix
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Esta mañana el Ministerio Público (MP) dio a conocer que fortalecerá a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), con la incorporación de 60 personas, sin embargo, la situación del mismo número de trabajadores de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), aún está en análisis. Analistas del sector justicia consideran que el mensaje que envía la Fiscal General es preocupante y poco claro.
Álvaro Montenegro, de Alianza por las Reformas, dijo que es lamentable que la Fiscal General, aun cuando se le hayan dado posibilidades para incorporar a los investigadores de la CICIG no lo haya hecho, pese a que estos son quienes más conocen los casos.
“Creo que la excusa que ella está dando no es factible, pues podrían incorporarse varios de ellos como fiscales especiales donde no necesariamente se requiere todo el procedimiento que podría llevar hasta dos años, es decir, hace inviable una continuidad en los casos”, comentó.
Asimismo, Montenegro señaló que la jefa del Ministerio Público no ha querido darle su respectivo lugar a la CICIG en la lucha contra la impunidad, agregando que ella pudo haber pedido la continuidad de la Comisión, incluso para tener mejores resultados en su gestión.
Montenegro señaló que espera que los investigadores guatemaltecos de la CICIG sean incorporados al MP y reiteró que podrían ser integrados bajo la figura de fiscales especiales y que no tenga obstáculos para ingresar a la institución.
Por otro lado, el activista cuestionó el MP haya suscrito acuerdo con la oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), esto debido a la cercanía de esta agencia con el titular del Ministerio de Gobernación, Enrique Degenhart.
“Eso nos produce un poco de suspicacia al respecto, de querer hacer un vínculo exclusivamente con esa agencia de la ONU”, dijo Montenegro.
JAVALOIS: PREOCUPA PROCEDER DE LA FISCAL
Andy Javalois, abogado de la Fundación Myrna Mack, manifestó que habría que preguntar a la Fiscal General por qué no aclaró que no se trataba de los investigadores de la CICIG los que se iban a incorporar a la FECI, porque se creyó que eran los que presentaron sus servicios a la Comisión, que han demostrado independencia en el desarrollo de los procesos de investigación, los que iban a ser integrados a esa Fiscalía.
Es preocupante que se permita que se generen estas expectativas y que desde el principio no se hagan esas aclaraciones, indicó.
A esto Javalois suma que se truncó un foro organizado por la PDH en la que participaría Porras y en el que se esperaba la Fiscal General diera a conocer sobre estos aspectos y qué va a pasar con los casos.
“Está mandando unos mensajes que preocupan a muchos, a pesar de que el propio MP ha manifestado que el 29 de agosto está convocando para dar a conocer estos aspectos (qué pasará con la lucha contra la corrupción), yo preguntaría, por qué esperar tanto tiempo y en qué situación va a quedar la posibilidad de aprovechar a este grupo de profesionales, que bien podrían fortalecer las capacidades internas del MP” indicó el abogado.
A decir del entrevistado, la Fiscal General debería aclarar si realmente van a fortalecer el actuar del MP, más allá de insistir que están vigilantes.
Me llama la atención que el MP pasó de demasiada publicidad a una postura de total incertidumbre, casi opacidad, que genera confusión y malos entendidos, indicó Javalois, quien señaló que de no ser por la prensa, se seguirá teniendo la apreciación equivocada sobre el anuncio realizado hoy.
LO IMPORTANTE ES QUE SE TRANSFIERAN PROTOCOLOS
Consultada al respecto, María del Carmen Aceña del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), expresó que se tiene que ver más el fondo del asunto: cuáles son las reglas para contratar personal en el MP, cuáles fueron las reglas de la CICIG, cuánto costaban los investigadores, bajo qué condiciones se les contrató y subrayó que “la jefa del Ministerio Público es ella (Consuelo Porras)”.
“Desconozco quiénes estaban empleados por la CICIG, de hecho sabía que había un montón de internacionales, pero nunca fueron transparentes en decir quiénes eran, era ultrasecreto. Lo importante es que se transfieran los protocolos y si el Ministerio Público considera que personas que trabajaron en la CICIG llenan los requisitos para trabajar con ellos, pues que los contraten”, agregó la investigadora.
En esa misma línea, la entrevistada dijo que cuando trabajó en el Estado (ella dirigió la cartera de Educación) había organismos internacionales que tenía “a la gente muy bien pagada” y que “se lo querían trasladar a uno al Ministerio, porque eran buenas personas”, pero “cuando uno los evaluaba y miraba lo que ganaban eran sumamente caros”.
“Usted podía encontrar gente muy competitiva con los mismos salarios del Estado que hacían lo mismo. Yo lo que les decía a los organismos internacionales que me pasaran sus protocolos y que yo iba a decidir a qué personas contrataba, porque sí había gente que ganaba el triple de un funcionario en el Ministerio de Educación”, añadió Aceña.
Por último, la profesional dijo que lo más importante es que le pasen los procedimientos, ya que mucho de lo que falla en el país cuando vienen entes internacionales, es que se llevan todo el conocimiento y no se trasladan las competencias.
“No necesariamente es el personal, porque el personal a veces está sobrepagado y no necesariamente va a poder pagar esos salarios en el Gobierno”, concluyó la integrante del CIEN.
