Luis Fernández Molina
El matutino elPeriódico publicó el día sábado una noticia que pasó desapercibida (página 15). Informa sobre “el desalojo” de las oficinas de la filial del Fondo de Cultura Económica “debido a un problema derivado de un juicio laboral.” ¡¿Juicio laboral?! La nota agrega que la acción judicial se realizó “sin mediar notificación jurídica alguna”. Tuvieron que empacar los libros y salir.
No tengo más información que la publicada y realmente no me interesa, salvo en cuanto aquí comento. Suficiente tengo con los expedientes laborales a mi cargo. Sin embargo tomaré este como un referente, como un caso que, de alguna forma, refleja una realidad que permanece oculta y solo conocen los que la viven, sufren, en directo.
Si el patrono despide, debe pagar una indemnización para resarcir el daño causado ya que el trabajador no ha hecho nada que merezca dicha terminación. Hasta aquí, está claro. Ahora bien, si ha habido causales de despido, el empleador debe evaluar si invoca o no dichas causales. Si es justificado el despido no paga la indemnización, pero debe probar la falta que invoca. Lo más probable es que no pueda probarlo, aunque hayan ocurrido. ¿Cómo probar la actitud desafiante y negativa de un trabajador? ¿Cómo probar que ha ido sustrayendo mercadería subrepticiamente? Los testigos, por lo general otros trabajadores, prefieren decir que no saben o no vieron nada.
SI en juicio no prueba la causal entonces debe pagar la indemnización (que es el punto original del pleito) pero, hay más: se agregan los daños y perjuicios, a razón de un salario por cada mes que dura el juicio hasta doce meses (duran un promedio de 4 años). En otras palabras, el monto de los daños y perjuicios es, generalmente, mayor que la indemnización. Por cada mes que transcurra el juicio se va acumulando un salario más a la cuenta del patrono (salvo que gane el juicio). Es mucho el riesgo y la desproporción.
Si el empleador demandado no acude -puntualísimo- a la primera audiencia allí termina el juicio sin necesidad de más gestiones. Por esa sola inasistencia el empleador será condenado a pagar la indemnización y los doce salarios por daños y perjuicios. Es posible que en las oficinas reciban la citación y no la tramitaron adecuadamente; es posible que un imprevisto de última hora impida que el representante legal se presente a la primera audiencia; es posible que al abogado se le haya “ido la onda”; es posible que la notificación sea defectuosa o amañada y no se alegue en tiempo. El resultado es el mismo: condena doble a la empresa.
La nota de prensa sugiere que hubo algún problema con la notificación pues indica que el desalojo los tomó “por sorpresa”. Por la falta de notificación no habrán acudido a la primera audiencia. De ahí que se los declararan “rebeldes y confesos” y en consecuencia habrá sido automática la condena de pago. Luego, por no hacer efectivos dichos pagos, se habrá pedido al juez medidas de embargo o intervención del centro de trabajo (muy desproporcionadas) y es hasta el momento del desalojo que la referida entidad cultural, no lucrativa, se enteró de la demanda. Por ley los jueces deben dictar siempre lo que más favorezca al trabajador y a ello se adiciona cierta inclinación ideológica de muchos de ellos.
Es oportuna esta reflexión en estos momentos en que se claman por más empleos. ¿Quién los va a dar? Los emprendedores toman excesivos riesgos en sus nuevos negocios, si a éstos albures empresariales le agregamos este ambiente laboral hostil entonces el entusiasmo menguará.
