POR HEDY QUINO
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El presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), Juan Carlos Tefel, se pronunció respecto a las declaraciones del ministro de Economía Acisclo Valladares, en las que mencionó al sector empresarial durante sus pruebas de descargo que realizó la Comisión Pesquisidora que conoce su antejuicio por el Caso Tigo.
Valladares reconoció que sí sostuvo reuniones en la Casa Presidencial del entonces binomio presidencial Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, así como lo hacen los presidentes del CACIF.
Por estas declaraciones, se le consultó al presidente del CACIF, a lo que respondió: «El CACIF tiene reuniones institucionales con los diferentes organismos y dependencias del estado para tratar de temas de interes nacional. Las hemos tenido desde hace muchísimos años y las seguiremos teniendo», expresó.
VALLADARES DECLARA EN PESQUISIDORA
Durante la audiencia, el diputado pesquisidor, Juan Manuel Giordano, le cuestionó a Valladares si sostuvo alguna o varias reuniones en Casa Presidencial, como lo señala el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
“¿A qué acudía usted a Casa Presidencial, señor Ministro?, pues el MP y la CICIG nos han presentado como medio de prueba, el libro de ingreso a Casa Presidencial, en el que basan los hechos e indica que usted iba repetidas veces a Casa Presidencial”, cuestionó Giordano.
Ante esa interrogante, Valladares respondió: “Las veces que recuerdo que acudí a Casa Presidencial, lo hice en mi calidad de Presidente de la gremial de Telecomunicaciones de la Cámara de la Industria (CIG), y lo hice en la misma forma que llega el Presidente del CACIF y presidentes de otras gremiales de Guatemala, para tocar temas de interés de determinado gremio o sector, en el caso como Presidente de la gremial de telecomunicaciones, fue por ese tema”
CASO TIGO
Según investigaciones del MP y la CICIG, en 2014 el Congreso aprobó la Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos, conocida como la Ley Tigo, a cambio de dar una dádiva de Q50 mil bimensuales a cada diputado que votó a favor de la normativa.
En el expediente se indica que Valladares y otros directivos de la telefonía Tigo, negociaron con la exvicepresidenta Roxana Baldetti, la aprobación de la normativa en mención.
