Es indudable que el debate nacional se ha centrado, por necesidad y urgencia, en el tema del acuerdo migratorio que nos convierte en el Tercer País Seguro que Donald Trump requería para presentar como uno de sus logros en este inicio de su campaña de reelección que girará, en mucho, alrededor del tema de la migración porque así lo ha dispuesto el mandatario que tiene extraordinaria habilidad para llevar la política al terreno en el que más cómodo se siente y donde puede obtener mejores resultados, exacerbando temores y sentimientos que hay sobre esos inmigrantes a los que etiquetó como mala gente y criminales.
Y ese enfoque de la opinión pública les ha caído como anillo al dedo a quienes están maniobrando el proceso de conformación de las Cortes, tanto la Suprema de Justicia como las de Apelaciones, puesto que han podido avanzar sin mayores contratiempos y todo sería miel sobre hojuelas de no ser por la impugnación que fue presentada por la forma en que fueron designados los magistrados que integrarán la Comisión Postuladora para la CSJ. El hecho es que gracias a las investigaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala quedó clarísimo el procedimiento viciado que rige para amañar no sólo las postulaciones sino también la elección que termina haciendo el Congreso de la República con base en esas listas. Y la anunciada supervisión y vigilancia que haría la sociedad civil puede terminar siendo tan inútil como la vigilancia que desde el Ministerio Público ofrece doña Consuelo Porras.
Y la verdad es que tan importante es uno como otro asunto, puesto que si bien lo de Tercer País Seguro augura un desastre para el país en términos de la atención que deberá brindarse a los solicitantes de refugio que rechace Estados Unidos, el tema de las Cortes tiene gravísimas implicaciones para el futuro nacional porque en este proceso se puede certificar la consolidación del régimen de impunidad que se había empezado a combatir gracias a los buenos oficios de la CICIG, mismos que resultaron tan efectivos como para generar una amplia alianza de todos los que tienen la cola machucada para expulsar a Iván Velásquez y su equipo bajo el socorrido argumento de la defensa de la soberanía del país, misma que les ha valido gorro cuando se ha hipotecado la patria para quedar bien con el Presidente de los Estados Unidos en busca, cabalmente, también de impunidad.
Y por eso digo que los operadores que manejan las Postuladoras y hacen los arreglos y negociaciones con los diputados están operando a sus anchas porque mientras nos enfocamos en el acuerdo internacional plagado de opacidad, ellos pueden actuar libremente sin preocuparse de que ni la prensa ni los sectores de la sociedad le pongan tanto coco como debieran a este crucial proceso de conformación de todas y cada una de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema donde, como se ha demostrado y se verá más claramente en los próximos meses, se estrella todo el esfuerzo por aplicar la ley a los corruptos porque es allí donde se les ha de dejar en libertad definitiva.
