/var/www/wp-content/themes/Newspaper-child/loop-single.php on line 105POR ASTRID GALVÁN/AP
Una cantidad sin precedentes de familias han estado cruzando la frontera con México en el último año, agotando los recursos del gobierno estadounidense y generando condiciones peligrosas en centros de detención abarrotados.
Entre octubre y fines de junio, la Patrulla de Fronteras detuvo a más de 688 mil personas, más de la mitad de ellas familias y menores no acompañados. Si bien por la frontera sur entran personas de todo el mundo, la gran mayoría vienen de Guatemala, Honduras y El Salvador, tres naciones centroamericanas sacudidas por la violencia y la pobreza.
En El Salvador, por ejemplo, hay 83 homicidios por cada 100 mil personas en una nación de 6,4 millones de habitantes. En Guatemala casi el 60 por ciento de su gente vive por debajo del nivel de pobreza y las instituciones del gobierno son débiles y abunda la corrupción, lo que hace que en muchas ciudades no imperen la ley y el orden. En Honduras, casi el 65 por ciento de la población vive por debajo del nivel de pobreza.
A partir del 2016 el Congreso de Estados Unidos asignó más de 2 mil 600 millones de dólares en asistencia a los países de América Central, en la esperanza de que ese dinero ayudaría a reducir la violencia y la pobreza y a contener la emigración hacia el norte. Pero el presidente Donald Trump anunció hace poco que reduciría esos fondos en represalia por la cantidad de migrantes que llegan a Estados Unidos desde esas naciones.
El viaje hacia el norte es largo y peligroso y los migrantes a veces son secuestrados o asaltados.
Lo que les espera en la frontera entre México y Estados Unidos también representa un duro desafío.
El gobierno de Trump impuso una serie de políticas que hacen casi imposible pedir asilo en los cruces oficiales. Las personas que buscan asilo deben esperar en México, donde ya hay miles de migrantes aguardando que se resuelvan sus solicitudes. Puede tomar meses recibir un llamado para iniciar el proceso. Las listas de espera son manejadas por los propios migrantes, por albergues o por las autoridades mexicanas. El gobierno estadounidense decide cuántas personas recibe por día y hay días en los que no llama a nadie en algunas ciudades.
Si un migrante es llamado, debe acogerse a un programa que los obliga a permanecer en México mientras se tramita su pedido de asilo. El programa fue lanzado en enero en Tijuana y ya se está aplicando en otras tres ciudades. Casi 20 mil personas han sido enviadas de vuelta a México.
Las últimas medidas del gobierno de Trump descartan a los solicitantes de asilo que han pasado por un tercer país. La iniciativa, que según sus detractores viola las leyes nacionales a internacionales, fue cuestionada en los tribunales y un juez de San Francisco la bloqueó por ahora.
Para aquellos que ya están en el país y esperan que se resuelvan sus casos inmigratorios, la espera es muy larga. Una vista toma dos años, término promedio. Hay 900 mil casos acumulados en los tribunales de inmigración. Los estados que más casos tienen pendientes son California, Texas y Nueva York.
