Por Eder Juárez y Regina Pérez
ejuarez@lahora.como.gt
rperez@lahora.com.gt
La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó el amparo provisional a la organización Acción Ciudadana que accionó para evitar la compra de los aviones Pampa III al gobierno de Argentina, por lo que el Presidente, el Ministro de la Defensa y la Ministra de Relaciones Exteriores deben abstenerse a realizar esa compra sin agotar previamente los requisitos, indicó el Tribunal.
En un comunicado de prensa, la CC explicó que el amparo se otorgó con base en la recomendación emitida por el entonces subcontralor del Gasto de la Contraloría General de Cuentas, César Elías, el 10 de julio de 2019.
En consecuencia, el presidente Jimmy Morales, el ministro de la Defensa, Luis Miguel Ralda y la canciller Sandra Jovel deben abstenerse de realizar la adquisición de los aviones Pampa III, sin agotar previamente los requisitos regulados en las leyes.
La CC agregó en el comunicado que en caso de incumplimiento, las autoridades denunciadas incurrirán en responsabilidades que prevé la ley en la materia.
Se conoció que cuatro magistrados votaron a favor de otorgar el amparo provisional, en tanto la magistrada Dina Ochoa votó disidente.
Ayer el presidente Morales afirmó que la compra de los aviones se haría bajo otra modalidad. Con anterioridad, el mandatario había viajado a Argentina donde concretó la compra de las aeronaves, sin embargo, el Ministerio de la Defensa ya había indicado que no desistirán de la compra y que cambiarán la forma en que hicieron la adquisición.
El mandatario iba a ser abordado hoy por dicho tema, cuando concluyera el desfile de aniversario de la Policía Nacional Civil (PNC), pero se retiró sin dar declaraciones a la prensa.
LA RECOMENDACIÓN DE LA CONTRALORÍA
La Contraloría General de Cuentas recomendó al Ministerio de la Defensa desistir de la compra de los aviones Pampa III a Argentina y que se sometan a la Ley de Contrataciones del Estado.
De acuerdo con la Contraloría se estableció que el procedimiento que inició el Gobierno para la adquisición de esas dos aeronaves es improcedente, “deben acatar y someterse al cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado”.
“Ellos (Defensa) pretendían adquirir las dos aeronaves al amparo del convenio de cooperación científica y técnica y después de un acuerdo complementario y un convenio específico, cooperación científico militar y nosotros les hemos advertido que no tiene fuerza de Ley ese convenio toda vez que no ha sido ratificado o aprobado por el Congreso de la República”, señaló el entonces Subcontralor.
