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/var/www/wp-content/themes/Newspaper-child/loop-single.php on line 105Por: Cristian Velix
cvelix@lahora.com.gt
Combatir la corrupción, ejecutar con calidad y transparencia el presupuesto de la nación y apoyar la contratación de personal en las instituciones públicas por méritos, son algunos de los ofrecimientos que Sandra Torres candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Alejandro Giammattei de VAMOS, proponen a la población para reducir la opacidad en la administración estatal.
Si bien el Tribunal Supremo Electoral (TSE), ha sido claro que no adjudicará ningún cargo hasta que finalice la revisión de actas y se termine el proceso de verificación establecido, ambos candidatos a la Presidencia se perfilan para disputar la Segunda Vuelta Electoral en agosto y aquí recopilamos sus propuestas para combatir la corrupción y que han sido consignadas en sus planes de Gobierno.
También es importante recordar que, en los últimos años, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) han procesado a funcionarios públicos del Organismo Ejecutivo, Legislativo y Judicial por sus posibles vínculos con estructuras de corrupción, convirtiéndose en los principales entes que han combatido ese mal.
Sin embargo, el presidente Jimmy Morales anunció en agosto del año pasado que ya no renovaría el mandato de la CICIG y aunque intentó acelerar el cierre de esta a principios de año, la Comisión continuará funcionando hasta septiembre. Ninguno de los dos candidatos ha garantizado un eventual retorno de esa colaboración al país.
Con eso contexto y a pesar de lo estipulado por los aspirantes a la Presidencia en sus planes de Gobierno en el área de transparencia, analistas ven que sus propuestas son “generales” y una “carta de deseos”, además de ser “populistas”.
DEBEN DAR GARANTÍAS
Andy Javalois, de la Fundación Myrna Mack, expresó que tanto Torres como Giammattei deben mostrar un interés “radical” para dar sostenibilidad a cualquier proyecto de lucha en contra de la corrupción, además, que no debe haber injerencia entre los poderes del Estado, pero sí una mayor apertura y transparencia en la gestión pública.
Además, subrayó que “los dos no han dicho nada en relación en cómo continuar el papel que tenía acá la CICIG, no han dicho absolutamente nada, uno se ha pronunciado en contra de esta (Giammattei), pero no se explica cómo seguirán el proceso de lucha contra la corrupción”.
En esa medida, el abogado comentó que espera que el candidato de VAMOS no esté en contra de la lucha contra la corrupción y añadió que si bien, Carlos Raúl Morales, vicepresidenciable de la UNE, ha planteado algunas propuestas, Sandra Torres no se ha expresado al respecto en el mismo sentido.
El asesor jurídico de la Fundación Myrna Mack, también recordó que ambos deben estar dispuestos si en algún momento se ven afectados por un proceso penal, su disposición a someterse a la justicia.
“Si se lograra establecer la posible participación en algún hecho penal, que ellos den garantías, de que más allá de tener el derecho antejuicio, que no van a impedir, que no van a promover acciones tendientes a entorpecer el curso normal de la justicia”, mencionó Javalois.
Por último, el profesional manifestó que las propuestas de estos dos candidatos en el tema de corrupción están en el marco del “populismo”. “El tema de la corrupción se ha colocado dentro de los planes de trabajo, por lo atractivo que pueda resultar”, concluyó el analista.
MERITOCRACIA ES IMPORTANTE
Para María del Carmen Aceña, investigadora del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), en el aspecto de combate a la corrupción lo más elemental es que se hagan procesos por mérito, especialmente con los funcionarios públicos.
“Es muy importante que lo cumplan desde el primer día, que no se den plazas fantasma, que se den los puestos y los contratos a la gente que tiene las capacidades, hay que hacer una revolución en ese tema”, explicó la exministra de Educación.
En esa línea, la académica expresó que quien trabajara en el Gobierno debe tener calidades y competencias, además, estar sujeto a que sea evaluado, y de no cumplir con sus deberes ser sustituido.
Asimismo, Aceña manifestó que se debe seguir con la persecución penal, y en cuanto a la propuesta de la UNE de una consulta popular sobre CICIG, recordó que con la Comisión “se irá la capacidad instalada, se irá dos años, se hace la consulta y después de cuatro años ya viene otro gobierno”.
Por ello la exfuncionaria agregó que hay que transferir las capacidades de la Comisión al Ministerio Público (MP), las cuales, a su criterio, recién empiezan, y añadió que debe determinar cómo fortalecer los sistemas internos para hacer una persecución a la corrupción.
“Tiene que ser objetiva, no selectiva, tienen que estar fundamentados los casos y todos los guatemaltecos tenemos que saber cómo se escogen esos casos y los seguimientos que se le dan, es un proceso de cambio, pero no solo es del Gobierno, es de toda la sociedad”, dijo Aceña.
La experta del CIEN recordó que Sandra Torres ha sido señalada en un proceso penal por financiamiento electoral ilícito, lo cual genera incertidumbre. “Cómo va a hacer eso que usted va a escoger a un presidente que tiene detrás todo un proceso, eso tiene desafíos”, cuestionó la entrevistada.
De igual manera dijo que sí podría afectarles a los dos presidenciables el hecho de que surgiera un proceso penal en su contra y que las propuestas escritas en los planes de gobierno de los candidatos son “generales” y también los calificó como una “carta de deseos”, sin compromiso al cumplimiento de metas.
“Lo más importante es que sea honesto (el próximo mandatario) y que las reglas sean claras. No se debe tolerar, en el caso del Ejecutivo, a ningún ministro corrupto, no se puede tolerar la corrupción”, puntualizó Aceña.
Y ¿CUÁL HA SIDO LA RELACIÓN DE AMBOS CON LA CICIG?
Ambos contendientes han sido señalados por CICIG en distintas épocas, Giammattei fue implicado en el Caso Pavón, investigación que buscaba esclarecer posibles ejecuciones extrajudiciales en la Granja de Rehabilitación Pavón cuando él era director del Sistema Penitenciario (SP).
No obstante, su proceso fue cerrado y con ello se mantuvo su inocencia. Este caso fue impulsado bajo la administración del comisionado costarricense, Francisco Dall’Anese Ruiz.
En tanto Torres es vinculada al Caso Financiamiento Electoral Ilícito de la UNE, por el que la FECI y la CICIG solicitaron, sin éxito, que se le retirara la inmunidad para evitar ser investigada. El proceso fue revelado un día después que Torres recibió su credencial como candidata a la Presidencia y obtuviera inmunidad.
