Fernando Mollinedo C.
Este proceso electoral ha estado viciado de una y mil formas, el TSE sigue dando muestras de un desconocimiento enorme de la mecánica electoral; sin cuestionar la formación profesional de sus integrantes, debemos decir que se han comportado como jóvenes primerizos en un trabajo de suyo tan delicado y por ello metieron la pata en un montón de situaciones. Siempre existe una excepción, en este caso ha sido la magistrada Eugenia Mijangos.
Enumerar los errores del TSE no importa, pero si, debemos estar conscientes que los funcionarios y empleados de esa institución rigen sus actividades bajo el manto de la LEY DE PROBIDAD Y RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PÚBLICOS, Decreto Numero 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala.
El artículo 7 de dicha ley estipula que los funcionarios públicos conforme los denomina el artículo 4 de esa ley, están obligados a desempeñar sus deberes, atribuciones, facultades y funciones con estricto apego a la Constitución Política de la República y las leyes. En consecuencia, están sujetos a responsabilidades de carácter administrativo, civil y penal por las infracciones, omisiones, acciones, decisiones y resoluciones en que incurrieren en el ejercicio de su cargo en detrimento de los intereses del Estado.
De todo lo accionado por el TSE es lógico que fue realizado por alguna persona humana, por lo tanto, si se les contrató fue por su supuesta capacidad para realizar un trabajo a cambio de una remuneración o pago por tales servicios; luego entonces, quien realizó el trabajo es el RESPONSABLE de los resultados (buenos o malos) y está sujeto a la ley donde se estipula las clases de responsabilidades en que pudieren incurrir.
Los contratistas de la empresa digitalizadora, así como sus empleados operativos SON RESPONSABLES DEL TRABAJO REALIZADO y por lo tanto sujetos de deducírseles los daños y perjuicios causados al Estado y terceros interesados (la población) así como las responsabilidades penales, civiles y administrativas del caso.
Para ello existe la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público, la cual tiene personal altamente calificado para realizar la investigación correspondiente; sólo faltaría la voluntad política de la entidad para su intervención.
En otro orden de ideas, a la sombra de las elecciones, la población guatemalteca vive atormentada por la inminente declaratoria de PAÍS SEGURO que a puro huevo desean aplicarle; la consecuencia de ello será sin lugar a duda alguna una serie de problemas sociales y económicos que agudizarán la problemática diaria existente hasta nuestros días.
Guatemala no está preparada para ello, y si con la serie de problemas el Gobierno no aguanta ni es capaz de solventarlos imagínense ustedes con esa sobrepoblación de refugiados ¿qué podría pasar? Los gobernantes actuales ya se van, pero esperamos que no dejen ensereguetados a los nuevos funcionarios para cumplir tal compromiso.
Es cierto, todos tenemos derecho a la vida, ¡entonces cuidémosla! Un saludo muy especial a los maestros, profesores y catedráticos en su noble función de enseñar, ¡SALUD!
