Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
El bochorno que no se puede quitar de ninguna manera la fiscal Consuelo Porras es por el marcado contraste en la manera usada para tramitar los procesos iniciados contra Sandra Torres y contra Thelma Aldana. En el primero se consumió varios meses entreteniendo el caso hasta el día en que la candidata de la UNE recibió sus credenciales y, con ellas, la inmunidad correspondiente por su calidad de candidata presidencial debidamente inscrita. En el segundo, según el testimonio específico del fiscal a cargo de la investigación contra Aldana, los hizo correr y trabajar hasta en el fin de semana de manera que se pudiera presentar la acción penal antes de que la ex Fiscal General pudiera recibir las mismas credenciales.
Y para explicar ese asqueroso doble rasero, en una entrevista con Emisoras Unidas dijo que el Caso Torres iba con otros 22 casos similares y que por eso fue el atraso. Pero resulta que, de todos modos, esos 22 casos no han llegado a instancias judiciales, lo que deja como mentiroso el argumento utilizado por la señora Porras. Esos 22 casos fueron usados como pantalla, simple y llana, para dar una respuesta a la molesta pregunta que se le formulaba en la radio y que se ha formulado la ciudadanía, respecto al evidente doble rasero, uno para beneficiar a Torres y otro para perjudicar a Aldana e impedir su inscripción mediante una orden de captura que, no obstante la reserva legal que pidió para ese caso, fue filtrada a la prensa por el juez apalabrado para el proceso.
En esa misma entrevista la expresión del desconsuelo dijo que no sabía de la existencia de ningún Pacto de Corruptos y pidió que se hiciera la denuncia correspondiente. En otras palabras, ni para vigilar ha servido en su gestión porque cualquiera puede darse cuenta de cómo se fraguó, así como y con quienes se ha ido nutriendo ese acuerdo de amplio espectro en el que se dan cita todos los que tienen la cola machucada y necesitan que se acabe cualquier vestigio de la lucha contra la corrupción.
Pero arrinconada por las insistentes preguntas de los entrevistadores, terminó diciendo que de oficio iba a investigar ese pacto del que, para muchísima gente, ella es integrante conspicua y en buena medida protectora. Y por supuesto que cuenta con subalternos tan leales como eficientes para continuar con la pantalla y el encargado de los delitos electorales, Oscar Schaad, está mostrando que con la misma diligencia que sirvió a Aldana para perseguir los delitos de financiamiento electoral, se ha acomodado para mostrar que también puede trabajar en la nueva línea que hay en el MP respecto a las consideraciones que merecen los que se han involucrado en ese tipo de crímenes, ya despenalizados en buena medida por el mismo pacto, y que entró en la lista del montón de cosas que Consuelo Porras vigila celosamente.
El deterioro institucional del país es evidente, pero la gente no termina de dimensionar el daño que a la certeza jurídica le causará el descalabro de un MP centrado en venganzas personales y no en la aplicación de la ley.
