Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Desde hace tiempo se sabe que hay autoridades que protegen a los cárteles del narco y que les facilitan el trasiego de la droga, convirtiendo a Guatemala en un puente importante del tráfico hacia ese inmenso mercado que es Estados Unidos donde, por cierto, nunca cae ningún capo y pareciera que la droga se mueve solita porque nunca se ha sabido de la detención de algún personaje importante de los que se encargan de la distribución a gran escala.
Sin embargo, en los últimos tiempos estamos presenciando hechos que confirman que se ha avanzado de manera que se pueda poner al país, institucionalmente, al servicio de los narcotraficantes por medio de la captura del Estado que realizan, como los otros interesados, mediante el financiamiento de las actividades políticas. Tenemos, pues, un Estado puesto al servicio de dos formas de crimen organizado, uno para despejar la ruta de la droga y otro para crear, incrementar y mantener privilegios.
Cualquiera con dos dedos de frente tiene que entender que es en ese contexto que se produce la necesidad imperiosa de expulsar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y que la complicidad de Estados Unidos al hacerse de la vista gorda de las ilegalidades cometidas por el gobierno de Jimmy Morales, allanó el camino para que se pudiera concretar la constitución de un auténtico narcoestado puesto al servicio de los traficantes.
Se puede decir que Washington cayó en el juego porque Morales no sólo se puso de alfombra con el tema de la Embajada en Israel, sino que además se pintó como una especie de clon de Trump, afirmando que él también era víctima de una cacería de brujas y que Mueller era exactamente lo mismo que Iván Velásquez. Pero tiene que haber mucho más que eso porque si bien Estados Unidos vive un período muy especial y errático, hasta el más torpe se tiene que dar cuenta del efecto que ha tenido y tendrá la destrucción de la capacidad de investigación producto del desmantelamiento de la CICIG y de la captura del Ministerio Público que está centrado en una rencilla personal entre la actual Fiscal que le tiene toda la tirria del mundo a su antecesora y se ha propuesto desmantelar todo lo que se avanzó en el período anterior.
Estados Unidos no puede ocultar su condición de cómplice en el desmantelamiento de los avances en la lucha contra la corrupción y eso se traduce en un arca abierta para que florezca este tipo de narcoestado que cada vez se muestra con mayor claridad, al punto de que sin empacho hay candidatos y funcionarios que se comprometen a colaborar con el trasiego de la droga a cambio de participar de las multimillonarias ganancias que rinde ese tipo de negocio.
Aquí estaban urgidos de rescatar las condiciones del pasado, previo al 2015, y no están dispuestos a volverlas a perder, tal y como aseguró un influyente personaje al entregar la estafeta. Esas condiciones son las que alientan no sólo la corrupción traducida en coimas y sobornos, sino la posibilidad de entregar el país en bandeja a los narcos que, a pulso, se están ganando el derecho de convertirse en los amos y señores de Guatemala.
