Adolfo Mazariegos
Hace pocos días leí un interesante reportaje acerca de un tema del que yo también escribí hace algunos meses: los embarazos infantiles y las consecuencias de tales nefastas realidades. Transcribo (palabras más, palabras menos) lo que en aquella ocasión escribí, puesto que el fenómeno al que entonces me referí, lejos de disminuir, ha aumentado. Algo que debiera preocuparnos como sociedad y hacernos reflexionar en torno a las lamentables situaciones que viven muchas niñas y adolescentes en el país. El asunto es sumamente serio, alarmante, además de sintomático en función de delitos que evidentemente se están cometiendo. En aquella ocasión, al escribir el texto al que ahora me refiero, indagué un poco acerca del asunto. Y lo que encontré fueron estadísticas alarmantes y verdaderamente preocupantes. Según datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS); del Registro Nacional de las Personas (Renap); y del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (OSAR), tan sólo de enero a junio de 2018 se registró un total de 25, mil 402 embarazos en menores comprendidas entre las edades de diez y los diecisiete años inclusive (contabilización propia con datos obtenidos en: https://osarguatemala.org/embarazo/), siendo 417 de esos embarazos, de niñas cuyas edades van de los 10 a los 13 años. En 2019 las cifras son bastante similares, aunque en aumento, algo realmente inaceptable y repudiable en virtud de que pone de manifiesto no sólo el hecho del embarazo en sí, sino porque adicionalmente desnuda una serie de actos delictivos que se dan en el entorno de las niñas y adolescentes y que debieran ser denunciados, perseguidos y llevados ante la justicia, puesto que involucran, las más de las veces, violaciones y abuso infanto-juvenil reiterado cuyas consecuencias no siempre son solamente el embarazo de la niña o adolescente abusada (que ya es mucho decir) sino que además pone de manifiesto delitos, aberraciones y problemas culturales y educativos serios, dado que –no generalizo, pero– en un considerable número de casos, el abusador de una niña o adolescente es un familiar o amigo cercano a la víctima, lo cual agrava la problemática puesto que muchas veces eso suele convertirse en óbice para la realización de la denuncia y la persecución del delito de violación. Es evidente que las políticas públicas en materia de salud y educación (entre otras) tienen serias falencias en la temática, no han sido eficientes ni eficaces para contrarrestar o disminuir esos índices que sencillamente no debieran existir y que cambian la vida de muchas menores de edad antes de tiempo y para siempre, además de factores psicológicos, económicos y de salud que se suman y que aunque parezca frívolo mencionar, tienen incidencia directa en su psique y en su cuerpo. Conocer la existencia de la problemática y los datos estadísticos de los alcances que actualmente dicha situación tiene es importante –por supuesto–, pero no sirve de nada ni basta si no se hace algo al respecto. Es urgente hacer algo para evitar que se repitan o se incrementen, año tras año, las cifras de niños dados a luz por niñas.
