Emilio Matta Saravia
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Ayer por la mañana asistí a una reunión, cortesía del TSE (Tribunal Supremo Electoral), donde concurrimos columnistas de opinión de varios medios y nos informaron sobre las acciones de fiscalización de partidos políticos y su financiamiento electoral que ya realizan.
Me sorprendió ver que a la actividad faltaron varios de los colegas columnistas, siendo la fiscalización y rendición de cuentas de los partidos políticos un tema de interés público y además trascendental para transformar nuestra “democracia” y su débil (por decir lo menos) sistema de partidos políticos en un verdadero sistema republicano con cuadros políticos verdaderamente responsables de sus acciones.
Veo que existen algunos avances en la materia, principalmente en cuanto a la legislación. Donde antes solamente existía una Ley Electoral y de Partidos Políticos (aprobada en 1985 y modificada en 2007 y 2016), ahora también se cuenta con un Reglamento al Voto en el Extranjero (2016), Reglamento de Control y Fiscalización de las Finanzas de las Organizaciones Políticas (2016) y Reglamento de la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión (2016). Aunque el TSE ha sido muy cuestionado y criticado por distintos columnistas de opinión (uno de ellos diputado signatario de la LEPP en 1985 que, por cierto, es la precursora de nuestro fracaso democrático), quienes alegan que los reglamentos carecen de sentido y que no se “ajustan” a la voluntad del pueblo y “desincentivan” a la ciudadanía a participar o que el TSE es una “dependencia” de la CICIG, creo que se han dado pasos en la dirección correcta de tener un sistema más transparente.
Para decir las cosas como son: lo que realmente desincentiva a la ciudadanía a participar en los procesos electorales es ir a las urnas cada cuatro años a votar por candidatos que hacen promesas que luego no cumplen y solo son utilizados por los políticos para acceder a puestos de elección popular.
Veo con buenos ojos que existen acuerdos interinstitucionales entre el TSE con la SAT y la SIB para tener un mejor control sobre los ingresos de los partidos políticos. Me preocupa, sin embargo, que el voto en el extranjero, a pesar de contar con un reglamento específico, aun no es una realidad, principalmente para los más de 2 millones de compatriotas que han migrado a los Estados Unidos y que aportan el 12% del PIB de Guatemala con sus remesas. El migrante, además de mover positivamente la aguja de nuestra economía, también puede incidir positivamente en nuestra política.
Cuando vemos democracias más desarrolladas que la nuestra a pesar de ser más jóvenes, como es el caso de la chilena, podemos comprobar el alto nivel de fiscalización que SERVEL (Servicio Electoral de Chile) tiene sobre las distintas organizaciones políticas, sus líderes y sus financistas. Ese control es toral para tener un sistema electoral y de partidos políticos sano y transparente. Y aunque hemos dado algunos pasos en la dirección correcta, nos falta mucho por aprender y aún más por ejecutar.
