Oscar Clemente Marroquín
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Unánime fue la reacción ciudadana de repudio al malicioso retardo que hubo en el trámite de la denuncia contra la señora Sandra Torres por el delito de financiamiento electoral ilícito, tanto así que la Fiscal General tuvo que salir de su estado catatónico de vigilancia para emitir un comunicado en el que da excusas para lo inexcusable y obvio. Cuatro meses para evaluar ese caso es una eternidad, sobre todo si tomamos en cuenta el detalle específico de que dispuso accionar cuando ya la sindicada tenía la credencial de candidata que le aseguraba inmunidad.
Y es que la acción fue torpe además de maliciosa porque por lo menos pudo haber fraguado el plan para presentar la acción una o dos semanas después para que el favor no fuera tan obvio y descarado. Pero lo hizo inmediatamente tras la publicación de la noticia de que Torres ya había recibido sus credenciales que le aseguraban el derecho de antejuicio, haciendo más que evidente la jugada.
Pero para más escarnio de la figura de la Fiscal General, surge el marcado contraste en la forma en que tramitó la acción contra Sandra Torres y la manera en que obligó a trabajar a marchas forzadas hasta en fin de semana a la Fiscalía que ella misma escogió para tramitar un proceso penal contra Thelma Aldana, de manera que fuera presentado antes de que ella recibiera sus credenciales.
El doble rasero es más que evidente y eso no lo puede borrar la señora Consuelo Porras por más comunicados que emita y por más porquería que quiera lanzar contra el Fiscal a cargo de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, a quien, por cierto, se terminará despachando porque ya lo marcó como el chivo expiatorio de sus cuestionadas acciones que no han pasado inadvertidas para la opinión pública, misma que tiene absolutamente claro de qué lado juega la jefa del Ministerio Público en esta polarización entre pícaros y decentes que se ha producido abiertamente en el país.
El extenso comunicado es una auténtica perogrullada porque todos sabemos que no se puede jamás defender lo indefendible y ese es el caso actual. Tiene ella razón de que era de su competencia decidir el momento en que presentaba la acción y en la afirmación de que ella podía calificar si la misma estaba bien fundada o si faltaban elementos. Pero no deja lugar a duda la afirmación que hizo la CICIG en el sentido de que el caso se “completó” cuatro meses antes. Un caso que completó la Comisión Internacional Contra la Impunidad, que dio muestras de su eficacia investigativa a lo largo de los años que ha operado bajo la dirección de Iván Velásquez, no podía requerir cuatro meses para que lo revisara, sin agregar ni quitar nada, la Fiscal General.
Rápida para accionar contra quien le conviene y lenta para hacerlo con quien quiere proteger es el contraste mayor que deja en el aire, por completo, la explicación y excusa de Porras sobre por qué le hizo el favorón a Torres.
