POR DOUGLAS GÁMEZ
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El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval explicó que, desde el despacho de la Fiscal General, María Consuelo Porras, se precisó que el 5 de febrero debían proceder en el caso contra Sandra Torres y cuatro diputados por delitos relacionados a financiamiento electoral ilícito al partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), para la campaña electoral de 2015.
Sandoval se refirió nuevamente en el programa Conclusiones de CNN en español, al retraso que tuvo el expediente de Sandra Torres en el despacho de Consuelo Porras por más de 100 días para operativizarse.
“En fecha 11 de octubre de 2018, que era martes, en una reunión que sostuvimos tanto personal de la Fiscalía Especial, el equipo de la CICIG, como la señora Fiscal General, se hizo la presentación de este caso, que a nuestro parecer en ese momento se encontraba listo para operativizar comprendiendo que el ejercicio de la acción penal le corresponde a la señora fiscal general hizo una serie de observaciones, entre estas estaba el complemento de la información financiera y el informe financiero -que- precisamente fue entregado el 11 de octubre y se le traslado copia de forma inmediata, tuvo que pasar algún tiempo, comprendo tuvo que hacer su análisis, el análisis jurídico, el análisis en relación al material probatorio y en un par de oportunidades con el agente fiscal del caso pues se le hizo saber que considerábamos que estábamos listos para proceder y en una fecha determinada se hizo la indicación, hubo alguna discusión en el despacho de ella en relación a algunas de las calificaciones jurídicas y se nos precisó que debíamos proceder el 5 de febrero”, explicó Sandoval.
Luego mencionó el comunicado que publicó la Fiscal General esta tarde y recordó que mientras no haya una persona vinculada al proceso penal, no hay plazo para realizar una investigación.
“Existe un procedimiento en el despacho superior del Ministerio Público. En este caso, el contacto directo lo establecen con la señora fiscal general y la advertencia que se hace en este caso particular es la complejidad, en el sentido que van implícitas tanto operaciones financieras que soportan la movilización de alrededor de 19 millones de quetzales…esto va concatenado con otra información recabada…testimonial, documentación de soporte y la interceptación de comunicaciones telefónicas, entiendo que la situación es compleja con el análisis de la información… la fiscalía depende directamente del despacho de la fiscal general, desconozco si este mecanismo se realiza con casos que se relaciona con otras fiscalías”, respondió al cuestionamiento del periodista Fernando del Rincón sobre si era normal que se retrasara tanto la revisión de un caso.
Sobre el caso de Thelma Aldana y la celeridad que mostró el fiscal Melvin Medina, que incluso aceptó que tuvo que correr para completar el expediente, indicó que no podía compararlo porque era un caso en reserva a cargo de otra fiscalía.
En cuanto a la argumentación de la CSJ sobre los motivos para rechazar el antejuicio, Sandoval recordó que se presentó una acción en la Corte de Constitucionalidad.
También se refirió a la acción constitucional que planteó la CICIG y resaltó que hay “solidez y robustez” en la información financiera y argumentos que respaldan la investigación por la que requirieron que se le retirará la inmunidad a Sandra Torres.
A la vez, indicó que una magistrada se refirió a él como un “inútil” en una red social, sin especificar quién, recordó las 19 denuncias en su contra y que desde la revelación del caso de la UNE, se han puesto dos denuncias en su contra.
Al ser cuestionado si considera que ahora van por él, recordó que la tendencia es que, sin el comisionado Iván Velásquez en el país, ahora van en contra de su persona, destacó además que escucho la conferencia de Torres y que ella hizo referencia hacia él, cuando la actuación es institucional “Todas las acciones de persecución penal parten del despacho”, indicó.
“Todas las baterías están dirigidas hacia mí”, puntualizó y refirió que la intención de esto es desestabilizarlos anímicamente en la Fiscalía que dirige o separarlos de los casos que tienen a su cargo.
Hoy volvió a cobrar relevancia el antejuicio que rechazó la CSJ a favor de Sandra Torres y cuatro diputados, debido a que la CICIG planteó una acción, en esta una de las argumentación es que no existen motivaciones espurias contra la presidenciable porque el caso se encontraba listo desde octubre de 2018 y en conocimiento de Consuelo Porras. Sin embargo, el expediente de operativizo un días después que la candidata obtuvo su credencial y por ende inmunidad para ser investigada.
