Por Eder Juárez
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Esta semana los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidieron rechazar, por mayoría, la solicitud de antejuicio contra Sandra Torres, Mauricio Radford –partido Fuerza-, y a diputados de la UNE, además, la jueza Judith Secaida, les dictó falta de mérito a ocho de diputados oficialistas, resoluciones que a consideración de analistas consultados, estarían encaminadas a abonar las candidaturas para las Comisiones de Postulación de las Cortes.
Carmen Aída Ibarra del Movimiento Pro Justicia, dijo que se podría pensar que la CSJ está mandando mensajes y señales de querer complacer al poder político que debe definir la elección de las Cortes, y que pareciera que estarían buscando la reelección creyendo tener asegurado el pase a la lista de postulación.
“Entonces lo que uno piensa es que el comportamiento más reciente que hemos visto en algunos espacios del Organismo Judicial (OJ) va encaminados a reforzar cualquier posibilidad de reelección no solo en la CSJ y Corte de Apelaciones, los jueces también andan en el mismo sentido buscando como hacerse notar y quedar bien con el poder político que va tomar la decisión final en materia de integración de las Cortes”, señaló Ibarra.
Agregó que pareciera ser que por ser un año de elección de Magistrados muchas acciones, no todas, estarían encaminadas a abonar las candidaturas a Magistrados y su eventual reelección.
“En lo que respecta a la CSJ hay una particularidad y es que la mayoría de Magistrados siempre han estado en un sentido contrario a la justicia independiente, han sido cuestionados fuertemente desde el momento de su elección, por haber sido electos por una alianza corrupta (PP-Lider). Ellos con sus actuaciones han demostrado que esos señalamientos tenían fundamento, en la práctica han demostrado con sus actuaciones jurisdiccionales que estaban ahí para proteger al poder político y económico”, manifestó la analista.
PUDIERA EXISTIR LA INTENCIÓN DE FAVORECER CIERTOS INTERESES
Por su lado, Gustavo García Fong de la Asociación de investigación y Estudios Sociales (Asies), dijo que esta es una situación que siempre se ha producido, “Lo primero que se tendría que explicar es que quien no esté de acuerdo con una resolución judicial, cuenta con los recursos establecidos en la Ley para impugnarla indicó”.
En segundo lugar, según el analista es que estando a las puertas de diversos procesos electorales no solo de autoridades judiciales, sino del poder Ejecutivo y municipalidades que van a coincidir en fechas en este año podría “existir la intención de favorecer ciertos intereses de diversos grupos y por lo tanto emitir resoluciones de esta naturaleza”.
