Emilio Matta Saravia
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Por fin los diputados del Congreso de la República se dignaron aprobar la ley que nos permitirá obtener el préstamo de 100 millones de dólares del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), institución miembro del Banco Mundial (BM), mejor conocido como “Proyecto Crecer Sano”, para hacer frente a la desnutrición crónica infantil, mal que padece 1 de cada 2 niños guatemaltecos y que les impedirá tener un desarrollo físico e intelectual pleno de por vida.
Y recalco el por fin, porque dicho préstamo fue aprobado por el directorio de la institución en febrero de 2017 y el dictamen de la Comisión de Finanzas del Congreso fue entregado en marzo de 2018, es decir, han tenido dos años para realizar todas las gestiones necesarias para que el préstamo fuese entregado en el plazo estipulado. Sin embargo, la evidente negligencia de nuestros legisladores para actuar con la prontitud que el caso ameritaba nos demuestra sus prioridades, que evidentemente no son nuestros niños. También quedó comprobado que la directiva del Congreso no tuvo escrúpulos para utilizar el sufrimiento de nuestra niñez como instrumento de chantaje para lograr pasar en primera lectura la ley de reconciliación. Y como expliqué en mi columna anterior, cuestiono el deleznable actuar de la directiva del Congreso anteponiendo sus mezquinos intereses. Y estoy seguro de que, si no hubiese existido la presión de los medios de comunicación escritos, abanderada por La Hora, el proyecto de ley hubiese quedado engavetado y se hubiese perdido la ventana de oportunidad para obtener un financiamiento que ayude a implementar programas de combate a la desnutrición crónica infantil.
Ahora que la ley ya fue aprobada, aún se necesita realizar una serie de trámites y gestiones para que el BIRF pueda hacer efectivo el desembolso. Estos trámites, entiendo, quedan del lado del Ejecutivo, que también solicitará a dicha institución una prórroga para poder cumplir con todos los requisitos y así poder formalizar la obtención del préstamo. Veremos si en este caso sí actúan con la diligencia que ameritan las circunstancias. Y estoy seguro de que en el Banco Mundial tendrán la comprensión y flexibilidad del caso, ya que ellos, a diferencia de nuestros diputados, sí han demostrado un compromiso serio para combatir la desnutrición en Guatemala.
Por último, la ejecución de dicho préstamo quedará en manos de quien gane la Presidencia en estas próximas elecciones. Es obligación de todos nosotros velar porque los fondos de dicho préstamo sean utilizados con la mayor eficacia posible para el fin que fueron concedidos, es decir para implementar programas de combate a la desnutrición crónica infantil en los municipios de los siete departamentos más afectados por este mal. Es por ello que, desde ya, los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia deberían conocer, tanto la ley recién aprobada como la forma de ejecución de los fondos, así como informar a la población sobre cómo combatirán este mal, acción que debería ser máxima prioridad en su plan de gobierno.