Víctor Ferrigno F.
Ayer por la mañana, cientos de comunitarios encabezados por el Parlamento Xinca se concentraron frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), exigiendo que se resuelvan de forma inmediata las denuncias presentadas contra los Ministerios de Energía y Minas (MEM), y Medio Ambiente (MARN), y la Minera San Rafael, que abiertamente han desobedecido la sentencia emitida por la Corte de Constitucionalidad (CC), en el expediente 4785-2017, mediante la cual fue suspendido el funcionamiento del proyecto minero El Escobal, por no haberse cumplido con la obligación legal de consultar previamente al Pueblo Xinca.
En agosto de 2018, después de años de conflicto con la Minera San Rafael, dueña de la mina de plata El Escobal, de las más grandes del mundo, el Pueblo Xinca logró que la CC emitiera una sentencia frenando un proyecto ilegal, y estableciendo que el Estado de Guatemala otorgó la licencia de exploración y explotación violando leyes nacionales y tratados internacionales, de lo cual tenía pleno conocimiento la minera.
Durante el litigio, el Estado de Guatemala llegó al extremo de negar la existencia del Pueblo Xinca en la zona, por lo cual la CC solicitó un peritaje antropológico a las universidades Del Valle y San Carlos, las que confirmaron la existencia de ese pueblo originario, en pleno ejercicio de su cultura, su cosmovisión y sus formas propias de administración de justicia y de su territorio.
El Pueblo Xinca ha pagado con varias vidas este logro parcial, frente a una empresa criminal, cuyo exjefe de seguridad huyó del país, después de agredir a balazos a los comunitarios. Tahoe Resources era la transnacional propietaria de la mina, la cual fue vendida el pasado mes de enero a Pan American Silver. La organización Justice and Corporate Accountability Project recién reclamó a las Comisiones del Mercado de Valores de la provincia de Columbia Británica y de Estados Unidos una investigación a esas empresas por, presuntamente, no haber revelado detalles clave del futuro de El Escobal, y el conflicto con los xincas.
La CC emitió una sentencia estructural, que es como se denomina a un fallo que aborda en toda su complejidad el conflicto, para establecer una solución de fondo. En este caso, la consulta y el consentimiento libre, informado y previo a las comunidades xincas es la piedra angular para establecer si la mina es o no viable.
Esa sentencia es la que el Estado y la empresa han violado reiteradamente, llegándose al extremo de pretender definir las modalidades, e identificar las comunidades a ser consultadas, aún antes de que las partes fueran notificadas. Al ignorar la sentencia, podrían estar incurriendo en el delito de desobediencia, además de reavivar el conflicto.
La normativa nacional e internacional establece que los pueblos indígenas tienen el derecho a la libre determinación, por la cual establecen libremente el modelo de desarrollo a impulsar en su territorio; por ello, el Estado está obligado a consultarles cuando se pretenda implementar un megaproyecto que les afecte, como en este caso.
La CSJ, ya en pleno período de renovación, no ha resuelto las denuncias del Pueblo Xinca. Indudablemente, pesa el afán de reelección y el hecho que la mina El Escobal concentra unos 300 millones de onzas de plata, además de plomo, zinc y oro.
En este pulso entre la plata y la justicia, la CSJ debería tener presente que vivimos una grave crisis institucional, y que como nos advirtió Voltaire: “Los pueblos a quienes no se hace justicia, se la toman por sí mismos más tarde o más pronto”.
