Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Las caretas no se pueden mantener por mucho tiempo y quien trata de engañar a la gente se termina evidenciado tarde o temprano. Es el caso de la Fiscal General que ayer no encontraba la forma de explicarse luego de lo que el Ministerio Público expuso en la vista pública sobre el Amparo en contra del acuerdo gubernativo que dejó sin efecto el convenio de creación de la CICIG. Según sus aclaraciones, ese asunto quedó sin materia porque con el Amparo Provisional oportunamente dictado fue resuelto el problema, no obstante que el Gobierno se ha pasado por el arco del triunfo esa resolución y sigue actuando en abierta desobediencia a la Corte de Constitucionalidad.
Me late que el mensaje intrínseco de la postura del Ministerio Público en la audiencia es recomendar a la CC que adopte también la inútil postura de vigilancia que caracteriza la labor de quien ocupa un cargo en una dependencia que no fue creada para vigilar sino para perseguir los delitos. Y precisamente la reacción prácticamente unánime al comunicado en el que la fiscal Consuelo Porras trataba de justificarse ha sido que si tan absoluto es el efecto del Amparo Provisional, por qué jocotes no ha hecho nada ante la flagrante desobediencia de las autoridades, reflejada especialmente en el Ministerio de Relaciones Exteriores que sigue esgrimiendo el acto recurrido como fundamento para presionar a los países que han apoyado a la CICIG a que cesen en su ayuda.
El nombramiento de la fiscal Consuelo Porras se produjo en el contexto del serio enfrentamiento del presidente Morales con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala por su claro conflicto de interés y no se puede uno imaginar que se haya producido sin acuerdos respecto al papel que jugaría el Ministerio Público en todo lo relacionado con esa instancia de apoyo de Naciones Unidas. Por ello vemos esas posturas que no llegan siquiera a hacer ambivalentes porque se concretan en ofrecer esa inútil vigilancia que sirve tan solo de excusa para defender la indefendible indiferencia de la titular del Ministerio Público en todo lo que tiene que ver con la lucha contra la corrupción.
De acuerdo al comunicado emitido ayer en horas de la tarde, ya no hay nada que hacer porque dictado el Amparo Provisional el asunto se resolvió en definitiva, pero todos sabemos que no es así. La actitud del Gobierno no cambió en absoluto como consecuencia de esa resolución de la Corte de Constitucionalidad y hay flagrante desobediencia de las autoridades. No puede uno imaginar que quien se presenta como experta en derecho no entienda que ello es un delito y que corresponde al Ministerio Público perseguir ese tipo de acciones ilegales.
Con lo de ayer termina de una vez por todas cualquier beneficio de la duda que alguien pudiera haberle otorgado a la doctora Porras porque se evidencia, sin lugar a duda alguna, que fue nombrada por el Presidente precisamente para ir a hacer lo que con toda diligencia y esmero viene haciendo, es decir, acabar con la cooperación del MP en la lucha contra la corrupción.
