Víctor Ferrigno F.
La sangre de los masacrados no se coagula ni se seca, sigue fluyendo por la sístole y la diástole de la memoria colectiva y familiar, que impide el borrón y cuenta nueva al que aspiran los victimarios, promoviendo leyes de amnistía que nunca, sépanlo, les darán perdón y olvido. Por ello nos oponemos a las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional, que promueve el Pacto de Corruptos en el Congreso.
Abundamos los memoriosos, mujeres y hombres que hasta el fin de nuestros días demandaremos verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. No clamamos por venganza, sino por procesos justos con todas las garantías, pero nunca transigiremos con la impunidad, que no puede ni debe ser permisible, especialmente en delitos de lesa humanidad.
Sabemos que un juicio justo y una condena proporcional al crimen cometido no resucitará a nuestros parientes y amigos, pero tolerar la impunidad equivale a aceptar que la vida no vale nada, que los poderosos pueden acabar con poblaciones enteras sin consecuencia alguna, que nuestras madres y hermanas pueden ser violadas sin pena alguna, que nuestros hermanos pueden ser torturados, mutilados o desaparecidos.
En suma, aceptar la impunidad es asumir que los crímenes de lesa humanidad se pueden volver a repetir, porque los genocidas no pagarán por sus culpas.
Este miércoles, cuando usted lea este vespertino, en el Congreso de la República estarán cabildeando los votos para aprobar en segunda lectura la Iniciativa de Ley 5377, para reformar el Decreto 145-96, Ley de Reconciliación Nacional (LRN), para amnistiar a quienes hayan cometido crímenes de guerra.
El reclamo de impunidad será inútil, pues los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, y tanto la Corte de Constitucionalidad (CC) como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han resuelto que Guatemala debe abstenerse de intentar aprobar leyes de amnistía o cualquier indulto, ni alegar prescripción con el fin de excusarse de su responsabilidad de investigar y perseguir graves violaciones de derechos humanos.
Además, el Comité de Unidad Campesina y varias organizaciones sociales ya han presentado un amparo ante la CC, para frenar esta aberración.
El próximo 11 de marzo, en el marco del 130° Período de Sesiones, la CIDH citó al Estado guatemalteco para que informe sobre el cumplimiento de las medidas de reparación dictadas en la sentencia de 2004, en la que condenó al Estado de Guatemala por la desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen, ejecutada por el Ejército durante el Conflicto Armado Interno, así como las violaciones de derechos humanos perpetradas en contra de su familia. Le demandó que informe sobre la iniciativa para reformar la LRN, que busca decretar una amnistía general para los criminales de guerra, anulando los procesos y condenas por la comisión de crímenes de lesa humanidad.
Simultáneamente, impulsan la aprobación y redacción final de las reformas a la Ley de ONGs, para acallarlas, limitando los derechos de organización y libre expresión que estas organizaciones impulsan en defensa de los DD. HH. y el desarrollo.
En esta hora aciaga debemos reaccionar con energía, guiados por la sentencia del prócer Francisco de Miranda: “Entre las diversas maneras de matar la libertad, no hay ninguna más homicida para la república que la impunidad del crimen o la proscripción de la virtud”.
