Por Eder Juárez
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Expertos de la Organización de las Naciones Unidas, (ONU) manifestaron su preocupación por una intensificación de intimidación y amenazas contra magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), así como un patrón similar de intimidación contra aquellos actores judiciales que colaboraron estrechamente con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
En un comunicado, el grupo de expertos de la ONU manifestó que la protección de los derechos humanos en Guatemala y un Poder Judicial independiente deben ser puestos en el centro de los esfuerzos del Estado para combatir la impunidad y la corrupción.
“Ha habido denuncias de intimidación y amenazas contra magistrados, jueces y fiscales. Estamos extremadamente preocupados que estas personas y sus familias puedan estar en riesgo. Esto podría afectar su seguridad, integridad, derecho a la privacidad y reputación, y podría tener un impacto en su independencia», señalaron los expertos.
Según el comunicado, la preocupación se debe a la decisión del Gobierno de poner fin unilateralmente al acuerdo con la ONU, que creó la CICIG.
“Esta situación habría provocado una intensificación de la intimidación y amenazas contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. También se reporta un patrón similar de intimidación contra aquellos actores judiciales que han cooperado estrechamente con la CICIG en la investigación y persecución penal de casos emblemáticos de corrupción”, manifestaron.
SISTEMA INDEPENDIENTE E IMPARCIAL SON CLAVE PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN
Asimismo refieren que los procedimientos de revisión constitucional son vitales para garantizar la protección de los derechos humanos y el Estado de Derecho. “Es esencial garantizar un Poder Judicial independiente y respetar su independencia, así como garantizar un sistema imparcial. Estos también son clave para consolidar los esfuerzos para combatir la corrupción y la impunidad», enfatizaron.
Agregaron que les preocupa la situación de los operadores de justicia, en particular jueces y fiscales que han colaborado con la CICIG y están trabajando actualmente en casos de elevado perfil, especialmente en casos de presunta corrupción, crimen organizado y los flujos financieros ilícitos que involucran a las personas con poder.
Los expertos añadieron: “La corrupción y los flujos financieros ilícitos drenan cantidades considerables de los fondos públicos. Este gasto afecta directamente la capacidad del Estado para garantizar la plena realización de los derechos económicos, sociales y culturales para todos los guatemaltecos».
Según informaron, ya expresaron sus preocupaciones al Gobierno.
