Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
La agencia de noticias del gobierno divulgó ayer en redes sociales la reacción que tuvo el presidente del CACIF, Marco Augusto García Noriega, tras el informe de Transparencia Internacional en el que Guatemala quedó en terrible posición, apenas arriba de Haití y las dictaduras de Nicaragua y Venezuela. Según la cita, para el dirigente empresarial el asunto no es relevante. Dijo que “el índice de percepción sobre la corrupción es sólo percepción y no determina la inversión”, dando a entender que aquí no hay corrupción que aleje la inversión sino simplemente la idea en el imaginario social de que somos un país afectado por ese vicio que enriquece a unos pocos y empobrece a la mayoría.
Por supuesto que la inversión toma en cuenta las percepciones que son producto de la realidad. En Guatemala todo el mundo sabe que la lucha contra la corrupción emprendida en el año 2015 está siendo sistemáticamente torpedeada por los tres poderes del Estado y sus socios, especialmente la dirigencia del sector empresarial que de manera abierta se ha identificado con el gobierno y respalda todas y cada una de sus acciones en ese sentido. Pero eso se sabe en el extranjero también y ayer el ex subsecretario de Estado para Asuntos del Narcotráfico Internacional, William Brownfield, manifestó durante una audiencia organizada en Capitol Hill, para abordar el futuro del Estado de Derecho y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que lo que ocurre en nuestro país es un “desastre devastador para el Estado de Derecho”. Pero además, durante su intervención, Brownfield indicó que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) están siendo amenazados e intimidados por sus resoluciones, en tanto instituciones dentro del MP y la Policía Nacional Civil están siendo sistemáticamente desmanteladas por el Gobierno de Jimmy Morales.
Por supuesto que nos dirá el Presidente del CACIF que esa es únicamente la percepción de Brownfield y que por lo tanto no tendrá impacto en la inversión, pero la verdad es que no estamos recibiendo ninguna avalancha de inversiones y las que hay muchas veces tienen el perverso incentivo de que pueden abrirse las puertas en un país donde priva la ley del más fuerte y el Estado de Derecho se mueve al ritmo de los billetes porque no existe la menor certeza jurídica. Hasta antecedentes policiales y partes de detención se cambian al gusto del cliente.
Dirá García Noriega que es pura percepción eso de que no hay certeza jurídica, ocultando que las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad se las pasan por el arco del triunfo todos los miembros del Pacto de Corruptos que aplauden las decisiones arbitrarias de un gobernante que se atreve a calificar cuáles fallos le parecen ajustados a derecho y cuáles, a su juicio, son órdenes ilegales que no va a cumplir.
La percepción es la que trajo a inversionistas como Pérez Maura a Guatemala porque cabalmente percibieron que aquí todo se arregla con mordidas y sobornos. Es el tipo de inversionistas que podemos atraer porque fuera de los piratas, las empresas y los capitales que privilegian el imperio de la ley, también tendrán la percepción de que aquí la legalidad es un asco.
