POR REDACCIÓN LA HORA
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Exmagistrados y profesionales que han destacado dentro del ámbito jurídico del país, se pronunciaron esta tarde ante el trámite de antejuicio que continúa en el Congreso de la República contra tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad, advirtiendo de lo improcedente del proceso y de su actuación en caso se siga con el “atropello” contra la independencia de la Corte.
El pronunciamiento está firmado por Eduardo Mayora, exdecano de la Facultad de Derecho de la UFM, Rodolfo Rohrmoser Valdeavellano, Jorge Mario García Laguardia y Mauro Chacón, exmagistrados de la CC y el excanciller, Gabriel Orellana.
Los profesionales del Derecho ante las circunstancias que aquejan el Estado de Guatemala se manifestaron y destacaron que, en el régimen Jurídico y Político de Guatemala, la Constitución es la norma suprema y todos los poderes del Estado están sujetos a sus disposiciones.
“En el régimen jurídico y político de Guatemala, la Constitución es la norma suprema y todos los poderes del Estado están sujetos a sus disposiciones”, manifestaron.
Los abogados señalan que, para su interpretación y aplicación, sus propias normas han estatuido la Corte de Constitucionalidad, como tribunal permanente con independencia entre los demás organismos del Estado.
Los firmantes aseguran que la independencia de un tribunal de justicia depende de la libertad con que sus integrantes cuenten para plasmar sus opiniones en las resoluciones que pronuncien.
“Por ello, la Ley de amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, Ley de rango constitucional, establece que los magistrados que la integran no podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de su cargo”, se lee en el pronunciamiento.
Además, indican que, en esos términos, la denuncia promovida por algunos integrantes de la “Asociación de Dignatarios de la Nación”, constituye una persecución “ilegal”, en contra de tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad.
“Por el mero hecho de darle trámite a una denuncia antijurídica, la mayoría de integrantes de la Corte Suprema de Justicia ha contribuido a debilitar el Estado de derecho y sus propias funciones”, advirtieron los profesionales sobre lo decidido por la CSJ.
Además, recalcan que el Congreso tiene el deber de detener el trámite de una denuncia “antijurídica” la cual atenta contra los más elementos presupuestos de la independencia de la Corte establecidos en la misma Constitución Política de la República.
“El Estado Constitucional de Derecho se edifica cuando los poderes públicos se someten a las resoluciones el máximo intérprete de la Constitución y no, como en este caso, cuando lo persiguen penalmente por sus opiniones”, puntualizaron.
En el pronunciamiento hacen ver que de continuarse con esta acción “antijurídica”, los firmantes actuarán conforme la ley establece.
“De continuar el Congreso con un atropello en contra de la independencia de la Corte de Constitucionalidad, se fuerza a sus miembros, para cumplir con el deber de defender el orden constitucional, facultados por el Artículo 170 de la Ley de Amparo, Exhibición y de Constitucionalidad, a tomar las medidas necesarias”, puntualizaron.
La postura se da luego que hoy la Comisión Pesquisidora que conocerá el antejuicio contra los magistrados de la CC, Bonerge Mejía, Gloria Porras y José De Mata Vela, intentará reunirse por primera vez, sin embargo, no la sesión de trabajo no se llevó a cabo por la ausencia del diputado Boris España.
La solicitud para que se evalúe si es procedente retirar la inmunidad a los togados llegó al Congreso, luego que la CSJ le diera trámite a una denuncia de la Asociación Dignatarios de la Nación, un grupo de exconstituyentes que recibieron fondos y personal del Legislativo para su funcionamiento y que argumentan que la CC se extralimitó en el tema del embajador de Suecia, Anders Kompass.
Aquí el comunicado:
