El Pacto Colectivo es el producto de una negociación entre empleador y empleados para establecer mejores condiciones de trabajo y está debidamente regulado en la legislación laboral. En el caso de los trabajadores del Estado, donde el empleador es representado por funcionarios que son únicamente depositarios del poder y la función pública, es preciso que se cumpla con el requisito indispensable de establecer la capacidad financiera para hacerle frente a los compromisos que se adquieren.
En cualquier negociación colectiva que se haga en el sector privado, el empleador no va nunca más allá de lo que la situación financiera de su empresa le permite, pero en el Estado ese cuidado elemental sale sobrando porque quienes negocian no reparan más que en la componenda que hacen con los sindicalistas y que en muchos casos se traducen en el compromiso de apoyo a las políticas corruptas. Las cosas hay que llamarlas por su nombre y muchos de los Pactos Colectivos son negociaciones espurias que, sin embargo, por imperio de la ley terminan siendo compromisos ineludibles que jamás se traducen en la mejora en la prestación de servicios a la ciudadanía.
El rendimiento del trabajador es elemento indispensable para que los pactos puedan ser sostenibles en el largo plazo, pero si eso ocurre en el sector privado, en el público vemos cómo tras las negociaciones lo que más destaca son las prebendas para los dirigentes sindicales que hasta dejan de trabajar para dedicarse tiempo completo a esa función mientras el usuario de los servicios no encuentra ninguna mejora. Por el contrario, como se ve en Salud y Educación, el rendimiento se vuelve menor complicando más la situación de la ciudadanía. En Salud se carece de calidad en prácticamente todos los servicios mientras que en Educación los alumnos cada vez están menos preparados por la falta de esfuerzo y atención de los educadores.
El caso presentado ayer por la fiscalía contra la corrupción, en el que por cierto hubo fuga de información para que los meros cabezones se pudieran escapar de la acción penal, es una muestra de la forma en que se manejan en Guatemala esos Pactos Colectivos. Y, además, se ha convertido en una muestra clarísima de lo que significa el retroceso en nuestra persecución penal luego del manotazo a la CICIG porque el Pacto de Corruptos se encarga de proteger a los que han sido sus preclaros representantes y de esa cuenta veremos cómo se hace más difícil cada vez caerle a los pícaros.
