Jorge Santos
¡Criminales asaltan la democracia! Podría ser el titular de cualquier medio de comunicación, que describa los hechos que han venido aconteciendo durante el gobierno de Jimmy Morales y el partido político FCN-Nación, en la conducción del organismo Ejecutivo.
En nuestro país, al igual que en 2009 en Honduras, varios actores sociales, políticos y mediáticos han desplegado sus voces para disminuir la intensidad, profundidad y alcances de las acciones que este gobierno ha desarrollado y que constituyen un duro golpe a la institucionalidad democrática en el país. Sus análisis planos refieren que alrededor de siete acciones contundentes de desobediencia a resoluciones del máximo tribunal constitucional, constituyen un enfrentamiento en el marco de los límites del Estado de Derecho y no acciones constitutivas de delito. Y es que la situación es bastante sencilla, si usted en su calidad de ciudadano, un juez o tribunal le ordena cumplir una sentencia, lo realiza o es conducido por la fuerza pública para que cumpla lo ordenado. Esta responsabilidad es aún mayor para funcionarios y con más razón cuando se trata del propio Presidente de la República; sin embargo este en más de siete oportunidades ha cometido el delito de desobediencia sin las consecuencias que cualquier otro enfrentaría.
Lo que estamos viviendo como sociedad es el asalto de los poderosos de siempre, de los corruptos de siempre, de los impunes de siempre a las posibilidades reales de construir democracia, de aspirar a encontrar funcionarios y políticos capaces de reivindicar y accionar a favor del bien común, la equidad, el desarrollo, la paz y la inclusión. Estos actores del poder de siempre, están siendo conducidos y financiados por los ocho grupos corporativos familiares más grandes en el país, aquellos que han hecho a imagen y semejanza de su avaricia, un modelo de desarrollo rapaz, empobrecedor que denigra y aniquila la vida en dignidad. Estos ocho grupos que componen la rancia oligarquía, pretenden a retornar al imperio de la impunidad, violencia y corrupción y para ello están dispuestos a cooptar la institucionalidad a sangre y fuego, rompiendo el orden constitucional y delinquiendo contra cualquier esfuerzo que haga avanzar la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Esta oligarquía diseña y financia a meros instrumentos que en su servilismo cumplen al pie de la letra un guión. Este guión incluye irrumpir con la mayor violencia posible contra aquellos y aquellas funcionarias que defiendan la débil construcción democrática en el país. Este servilismo está representado en la pareja presidencial, en su Gabinete, en los once magistrados de la Corte Suprema de Justicia que resolvieron quitar la inmunidad a tres miembros de la Corte de Constitucionalidad. Entendamos, el problema no es un enfrentamiento o polarización entre el Gobierno y la CICIG; el problema es la pretensión de instaurar plenamente la impunidad, los privilegios, la corrupción y la violencia. Los pueblos estamos del lado correcto y lucharemos hasta derrocar el poder que abusa, que destruye y golpea nuestras más nobles aspiraciones de paz y justicia.
