Javier Monterroso

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Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales con Maestría y estudios de postgrado en Derecho Constitucional, desde hace más de 15 años trabaja como consultor en materia de justicia penal, seguridad ciudadana e incidencia política para agencias de cooperación internacional y organizaciones de la sociedad civil, catedrático universitario de grado y postgrado en la facultad de Derecho de la USAC, ex secretario privado del Ministerio Público de Guatemala.

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Javier Monterroso

A pesar que las fiestas de fin de año por lo general traen un espíritu positivo y de felicidad al reunir a la familia, compartir regalos y la deliciosa comida de la época, también son momentos propicios para la reflexión y el recuento de nuestras acciones durante el año que termina, y esto aplica tanto a nivel personal como para la situación nacional.

Lamentablemente al revisar el año que termina la situación nacional sigue siendo desastrosa, a diferencia de países como China, India, Brasil, Bolivia, Ecuador, Perú y otros que en los últimos diez años han logrado enormes reducciones de la pobreza de sus habitantes, en Guatemala la situación se ha deteriorado, no solamente los índices de pobreza y pobreza extrema han aumentado, sino que el Estado no está tomando ninguna acción importante para cambiar esta situación, de hecho tenemos los niveles más bajos de inversión pública de la historia. Además, el sector privado agro exportador se ha visto afectado por los bajísimos precios en los mercados internacionales de nuestros principales productos de exportación, y no existe una política económica del gobierno para enfrentar estas crisis. La gran mayoría de guatemaltecos no cuenta con un empleo formal y si no fuera por la remesas que envían nuestros compatriotas desde los Estados Unidos y el impulso económico que está teniendo ese país en los últimos años estaríamos en una crisis sin precedentes.

Y es que el gobierno de turno en vez de enfocar sus esfuerzos para mejorar la situación de la población está más preocupado por afectar el trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad. En efecto, cada vez que el presidente Morales aparece en los medios es para anunciar una nueva medida anti CICIG, e incluso cuando se presenta para inagurar una de esas patéticas obras de infraestructura que realiza este gobierno (a veces realizan actos para inagurar tramos de 20 kilometros o menos), termina despotricando contra Iván Velásquez o Thelma Aldana. La obsesión del Presidente con la CICIG llegó al punto de enfocar su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas en atacar a la Comisión causando la vergüenza nacional más grande para el país desde la firma de los Acuerdos de Paz.

Pero el Presidente no ha estado solo en sus esfuerzos por parar la lucha contra la corrupción, sus aliados en el Congreso y en el sector privado han estado igual de activos, pagando lobbys en los Estados Unidos han logrado socavar la credibilidad de la CICIG en Washington. Además, la agenda legislativa de la alianza oficialista (FCN, TODOS, PAN, Unionistas, VIVA, Alianza Ciudadana, Movimiento Reformador), tiene como objetivo fundamental generar impunidad y afectar la independencia de la Corte de Constitucionalidad y del sector justicia. Con sus acciones han logrado frenar la depuración judicial iniciada en el año 2015, a pesar de los esfuerzos de la CICIG, el MP y algunos jueces probos.

En conclusión el año 2018 ha sido en casi todos los aspectos una nueva oportunidad perdida para los guatemaltecos, pero posiblemente lo más lamentable es que la población regresó a su habitual apatía política previa a 2015, salvo por la solidaridad demostrada hacia las víctimas del volcán de Fuego. La carencia de liderazgo político y social se siente más fuerte que nunca y nos está pasando una factura muy cara.

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