Por Eder Juárez
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Ayer la Corte de Constitucionalidad (CC) decidió otorgar tres amparos provisionales y a dos más les dio trámite, con lo que detuvo las acciones del Gobierno en contra de un grupo de investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), con ello emendó la plana al Organismo Ejecutivo y restableció el orden constitucional, aseguró el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas.
Rodas expresó que una vez más la Corte restablece el orden constitucional vulnerado lamentablemente por las propias autoridades, “sienta el precedente de nuevo de que no hay nadie superior a la Ley”.
Rodas espera que las autoridades de forma madura acaten lo resuelto, “la época es propicia para tener ese tipo de actuaciones y que la armonía prevalezca, porque a nadie ayuda estas actitudes innecesarias, al Presidente le queda casi un año y días de entregar el poder, lo más prudente es que exista gobernabilidad del país y eso pasa por el respeto al Estado de Derecho y respetar las resoluciones nos guste o no nos guste”.
GOBIERNO NO PUEDE ACTUAR CONTRARIO A UNA NORMA EXPRESA
Por su parte, el abogado constitucionalista Alejandro Balsells, dijo que el Gobierno está orillando a una crisis institucional a propósito, “las resoluciones de ayer eran necesarias ante la actitud que ha tomado la Cancillería, pero definitivamente es absurdo pretender que cualquier Gobierno por lo menos en un medio Estado de Derecho pueda actuar contrario a una norma expresa”, afirmó.
“El punto no es si le gusta o no le gusta la CICIG, el punto es que hay una norma expresa que dice que no puede revocar las visas, aquí lo que preocupa es la actitud de la magistrada Dina Ochoa, quien más pareciera ser abogada del Gobierno, que magistrada objetiva e imparcial, no hay ninguna posibilidad de ir en contra de una norma expresa”, refirió Balsells.
Según Balsells, la magistrada Ochoa maneja la agenda, atrasa las cosas y nunca hace los votos razonados, “porque quizá los quiere hacer en versos” y únicamente gana ese tiempo, “ella no está jugando el papel de magistrada, sino defensora del Ejecutivo”, señaló el jurista.
Además, indicó que ya no existen acciones que pueda presentar el Organismo Ejecutivo en contra de las resoluciones emitidas ayer por la Corte, “ellos son especialistas en querer estar confundiendo y decir que van a presentar esto y lo otro, pero ya lo resuelto, resuelto está”.
El PDH coincidió con Balsells al indicar que ya no existe ningún recurso que puede implementar el Ejecutivo para detener lo resuelto. “Nada puede cambiar el fondo de lo resuelto, es cuestión de tiempo para cumplir, la Corte ha sido muy categórica en el plazo que da, el no hacerlo sería poner en la orilla del precipicio a las autoridades penalmente hablando, no sería sano para el Ejecutivo” dijo.
