Jorge Santos
Las elites políticas, militares y el crimen organizado, financiados y articulados por la oligarquía guatemalteca desde hace años, se han opuesto al trabajo que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) viene desarrollando en el país. Esto se ha desarrollado a través de intensas, malogradas y muy perversas campañas en redes sociales -inicialmente- y luego a través de los canales y radio del monopolio. Luego con pagos millonarios a expertos lobbystas en Estados Unidos de Norteamérica con el objeto de desarrollar su labor frente a congresistas, senadores y funcionarios del Departamento de Estado. Sin embargo, desde la llegada de Jimmy Morales a la Presidencia se ha profundizado este accionar a favor de la corrupción, la impunidad y la violencia.
En agosto de 2017, Jimmy Morales, como los cobardes en horas de la madrugada, aprovechando el descanso de la mayoría, arremete en un mensaje pregrabado contra la CICIG al declarar persona non grata al Comisionado Iván Velásquez. En esta cobarde acción, la Corte de Constitucionalidad le enmienda la plana y declara la ilegalidad de su accionar. Desde ese momento a la fecha, Jimmy Morales, su Gabinete de Gobierno, con el apoyo pleno del ampliamente deslegitimado Congreso de la República, el Ejército, el CACIF y estructuras del Crimen Organizado han tomado la decisión de instaurar un régimen dictatorial, autoritario y violento, que garantice el retorno a los privilegios, corrupción y la impunidad. Esto ha quedado demostrado desde el 31 de agosto del presente año, cuando Jimmy Morales en compañía de sus incapaces Canciller, Ministro de Gobernación y Vicepresidente dieron el anuncio de que no permitirían que la CICIG continuará más allá de septiembre del próximo año. Esto lo hicieron con el respaldo de la cúpula militar y policial.
En todas y cada una de las ilegales acciones del señor Jimmy Morales, la Corte de Constitucionalidad ha tenido que salir a rescatar el marco de la legalidad en el país y de manera reiterada el Organismo Ejecutivo alentado por sus aliados se ha dado a la tarea de violar las resoluciones del máximo órgano constitucional y con ello violar una y otra vez la ley. A pesar de ello su accionar continúa al invalidar las visas y las credenciales de investigadores de la CICIG y al imponer un plazo de 72 horas para que abandonen el país, el gobierno comete una nueva arbitrariedad y abuso de autoridad.
Este nuevo hecho se suma a las continuadas actuaciones de desobediencia abierta, contumaz y manifiesta por parte del gobierno a las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC). Dicha Corte ha ordenado que no se impida el ingreso del titular de la CICIG Iván Velásquez Gómez y que se garantice a dicha Comisión las condiciones necesarias para el desarrollo de su trabajo, dentro de las que se incluye las garantías al personal de la misma. De esa cuenta, es que el Pueblo debe de estar dispuesto a defender su democracia y a poner un alto a este Moralazo.
