Raúl Molina
Sostengo que hay tres gobiernos que no se pueden tolerar más y mejor si cayeran antes de 2019. No me refiero al de Estados Unidos, cuya tarea corresponde a sus ciudadanos que rechacen el neofascismo, ni el de Brasil, en donde el presidente debería ser Lula y no Bolsonaro, ni el de Israel, pese a que Netanyahu comete crímenes de lesa humanidad contra el pueblo palestino y está a punto de caer por corrupción. Me refiero a tres gobiernos centroamericanos: Guatemala, Honduras y Nicaragua. El gobierno de Juan Hernández es inconstitucional, por haberse violado la Constitución con su aceptación como candidato a presidente, e ilegítimo, porque se le declaró electo en un proceso electoral que perdió. Es, además, ilícito, porque su control está basado en la violencia, particularmente mediante el uso de sicarios. La pobreza y la caravana de migrantes hacia el Norte no son más que efectos de la dictadura cívico-militar que se ha entronizado en Honduras. Parecerá sorpresivo que, analizando que la rebelión contra Daniel Ortega fue orquestada por la Administración Obama y ejecutada por Trump y la CIA, llegué yo a la conclusión de que Ortega-Murillo deben salir del gobierno. Desde una posición de izquierda opino que a ningún gobierno, aunque se autodenomine de izquierda, se le pueden tolerar las violaciones graves de los derechos humanos y la arbitrariedad extra-legal para reprimir el disenso (Maduro, por ejemplo, no lo ha hecho, pese a la agresión imperial permanente). El camino mejor para Nicaragua sería la renuncia inmediata de Presidente y Vicepresidenta, para que los Sandinistas continúen el período para el que fueron electos y negocien con la oposición una solución política y pacífica, sin injerencia estadounidense.
El caso de Guatemala es aún más injusto. Gracias al MP y la CICIG, al igual que a la determinación de la ciudadanía, Otto Pérez y Roxana Baldetti fueron expulsados como presidente y vicepresidenta en 2015. Hoy se lamenta que bajo condiciones creadas por Estados Unidos y el CACIF, Jimmy y Jafeth fueran colocados como Presidente y Vicepresidente. El abuso de poder y la corrupción es hoy peor que en 2015 y, aunque se les ha pedido la renuncia, reiterada y constantemente, a las y los integrantes del Pacto de Corruptos, estos se aprestan a afianzarse en los tres Poderes del Estado y hasta la Corte de Constitucionalidad. La Dictadura de la Corrupción cambiará algunos cuadros y premiará a personas incondicionales, pero la mayor cuota de poder quedará en el sector duro de CACIF y los militares y civiles de mentalidad fascista. Veintidós años después de la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, obtenido a un costo de doscientas mil víctimas mortales, los militares contrainsurgentes, que no pudieron derrotar a las fuerzas revolucionarias, se han vuelto a aliar con los grandes ricos corruptores y Washington para mantener el Estado fallido y colonial que padecemos. Esta Dictadura se prepara para asaltar las últimas instituciones democráticas y profundizar el reino de crimen organizado, corrupción e impunidad. Por ello, la tarea de derrocarla es urgente, quizás como milagro de Navidad o como augurio de real Año Nuevo.
