David Barrientos
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La atención empieza a centrarse en el próximo proceso electoral que no presenta un panorama muy alentador para los chapines; mientras eso sucede, los mecanismos de tutela externos se siguen afinando y la congresista estadounidense de origen guatemalteco, Norma Torres, parece ser una pieza para el impulso de estos. Lo cierto es, que si mi vecino, dispara en la noche, tira su basura en mi propiedad, hace fiesta todos los días, no le baja volumen a su música, es abusivo, lleva ya bastante tiempo de comportarse así, tendría que acudir a alguna instancia; algo tengo que hacer, sobre todo si tengo poder y el norte hegemónico cuenta con mecanismos para accionar en caso se vean vulnerados sus intereses. Sin duda la estabilidad de la región es conveniente para ellos.
La Ley conocida como Patriota de los Estados Unidos de América, la más estricta y contundente arma en contra del terrorismo y el crimen internacional organizado, fue la respuesta del Congreso Norteamericano, a los atentados del 11 de septiembre de 2001, es extraterritorial, abarca jurisdicción internacional y se apoya en tratados internacionales y convenios bilaterales, es de aplicación obligada para hacer negocios con los Estados Unidos y los países miembros de las Naciones Unidas.
La Ley Global Magnitsky, sobre responsabilidad de derechos humanos es una norma que permite al gobierno de Estados Unidos imponer sanciones económicas a ciudadanos de todo el mundo por abusos a los derechos humanos y actos de corrupción en sus propios países de origen, o sea mandato global, aprobada en 2016, inspirada en la “Ley Magnitsky”, de 2012.
La Ley de Autorización de Defensa Nacional para el año fiscal 2019, que motiva los listados de personas que el Departamento de Estado enviará al Congreso de los Estados Unidos, que en 2019 impactaría a guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, expuestos por su involucramiento con el crimen, narcotráfico, corrupción, financiamiento ilícito, y tráfico de personas.
Por último, la congresista Torres, presenta una iniciativa para sancionar con el bloqueo de bienes y negación de visas a personas que minan el estado de Derecho en Guatemala, “Ley de responsabilidad del estado de Derecho en Guatemala”, proyecto dirigido a Guatemala, que, además, fiscalizaría el equipo de uso militar transferido al país.
Con estas herramientas la soberanía pareciera ya no existir, merece un replanteamiento en el actual contexto global, la mundialización ha llegado y no hay marcha atrás, incluso los acuerdos comerciales se hacen acompañar de condiciones globales de comportamiento, ya no se puede vivir aislado. Sin duda alguna los diferentes sectores de la sociedad guatemalteca y sus analistas han de estar visualizando e interpretando el panorama que se avecina, los mecanismos antes mencionados no son por gusto; una visión miope, puede crear expectativas incompletas o falsas; lo triste del caso es que todos esperamos que la solución venga de fuera, pues hemos sido incapaces de crear una Guatemala donde los jóvenes encuentren oportunidades para forjar un mejor futuro; así el tutelaje deberá dejar resultados marginales para Guatemala, pues el interés del mismo es y será evitar la vulnerabilidad del hegemon.
