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Uno de cada cinco jueces del Supremo y la Audiencia compagina su puesto con otra actividad autorizada. Veinte de los 31 magistrados de ambas instituciones a los que el CGPJ ha otorgado compatibilidad imparten clases, Cunef, el centro universitario de la banca, es la opción más repetida entre quienes tienen permiso para ejercer la docencia. De los 145 magistrados que integran ambas instituciones (78 el Supremo y 67, la Audiencia), 31 tienen a día de hoy concedida compatibilidad por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La proporción cuadruplica la que se registra a escala estatal. Según datos facilitados a infoLibre por el CGPJ, 284 jueces (el 5,28% de los 5.377 repartidos por toda España a enero de este año) mantienen hoy compatibilidad, en su gran mayoría (247) para la docencia, incluidas aquí las tutorías de prácticas. Los portavoces del CGPJ no han facilitado la relación nominal de los 284 jueces que gozan de compatibilidad.
De los 31 magistrados del Supremo y la Audiencia que han obtenido compatibilidad, dos tercios (20) imparten clases, según los datos accesibles a través de la página de transparencia del Consejo. El resto ha obtenido permiso del órgano de gobierno de los jueces para tareas tan dispares como la pertenencia a la Comisión de Codificación, que asesora al Gobierno en la elaboración de textos prelegislativos, la dirección de revistas jurídicas o la Presidencia de un jurado de expropiaciones, por citar tres variables. La web del CGPJ permite efectuar consultas de compatibilidad sin limitación de número pero siempre que se conozca el nombre del juez. Es decir, no resulta posible hacer búsquedas inversas para determinar, por ejemplo, cuántos magistrados españoles imparten clase en un mismo centro privado.
Entre quienes en el Supremo y la Audiencia simultanean la toga con la docencia, la opción más repetida es Cunef, el centro universitario propiedad de la banca española y a cuyo claustro perteneció durante seis cursos Luis María Díez-Picazo, presidente de lo Contencioso del Supremo y cuya orden de revisar la sentencia de las hipotecas sumió hace un mes al alto tribunal en una crisis de confianza de la que todavía no ha terminado de recuperarse.
En Cunef, uno de los centros universitarios que, según los expertos, mejor retribuyen a sus docentes, trabajan este curso cinco magistrados del Supremo y la Audiencia: uno de ellos es Manuel Marchena, todavía presidente de la Sala de lo Penal del alto tribunal y abocado a convertirse en breve en la primera autoridad judicial del país tras el pacto entre el Gobierno y el PP. José Ramón Navarro, presidente de la Audiencia Nacional, es otro. Completan la lista los magistrados de lo Contencioso Rafael Fernández Valverde y Fernando Román García –ambos del Supremo–, así como Manuel Fernández Lomana, de la misma sala de la Audiencia Nacional.
Marchena forma parte asimismo desde 2014 del patronato de la Fundación Wolters Kluwer, impulsada por la empresa homónima que actualmente lidera la edición de textos y bases de datos jurídicas.
En universidades públicas son profesores nueve magistrados, siete de la Audiencia y dos del Supremo. Tres pertenecen al cuadro docente de la Autónoma de Madrid (Alfonso Guevara, Carmen González y María Tardón); dos, al de la Carlos III (Jesús Calderón y Jesús Gutiérrez Gómez); uno, al de la Complutense (Ramón Castillo); otro, al de la Rey Juan Carlos (Juan Francisco Martel). Los magistrados Miguel Ángel Luelmo –de la Sala de lo Social del Supremo– y Fernando Pignatelli –Sala de lo Militar–, dan clases en la UNED.
Tres más están vinculados a otras dos instituciones privadas: dos, al Ramón Areces (Ceura), de la Universidad Nebrija y muy vinculado a El Corte Inglés; y uno, al CEU San Pablo. Y tres –Ignacio de la Cueva y Miguel Gandarillas, de la Audiencia; y Jacobo Barja, del Supremo– son preparadores de oposiciones. En el Ceura dan clase los magistrados de la Audiencia Manuel García Castellón e Ismael Moreno. En la universidad católica CEU presta servicio Eduardo Porres, miembro de la Sala Penal del Supremo.
CASUÍSTICA VARIOPINTA
La casuística de quienes han logrado compatibilidad para actividades ajenas a la docencia es variopinta. Las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, ambas del Supremo, tienen concedida compatibilidad como vocales permanentes de la sección penal de la Comisión General de Codificación, órgano colegiado que asesora al Gobierno en la elaboración de textos prelegislativos. Y tres jueces – Santiago Soldevila, de la Audiencia, Antonio del Moral e Ignacio Sancho, ambos del Supremo– han sido autorizados para desarrollar tareas directivas en revistas jurídicas.
José Luis Requero, de la Sala de lo Contencioso del alto tribunal, consta como autorizado para presidir el jurado provincial de expropiaciones de Madrid.
Otros jueces, como el también Fernando Pignatelli -Comisión Española de Derecho Internacional Humanitario- y Lourdes Arastey, de la Sala de lo Social del Supremo y directiva del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación, pertenecen a organismos o entidades transnacionales.
La vaga redacción de la ley que regula las incompatibilidades de los funcionarios, que les exime de solicitar compatibilidad para la participación «ocasional» en «congresos, seminarios, conferencias o cursos de carácter profesional», hace imposible saber a ciencia cierta si es que los miembros del Supremo y la Audiencia son más proclives a dedicar parte de su tiempo a una segunda ocupación o si lo que ocurre es que comunican en mayor medida sus pasos al CGPJ por la conciencia de estar en primer plano de la escena judicial.
Un ejemplo: el exfiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, magistrado de la Sala de lo Penal del Supremo, figura aún en la página de transparencia del CGPJ como beneficiario de una compatibilidad porque participó en el jurado de unos premios jurídicos convocados por la editorial Sepin que se entregaron hace ya casi un año, en diciembre de 2017. En cambio, no aparece ya en la página otro de los jueces del Supremo que se integró en ese mismo jurado, José Antonio Seijas, de la Sala de lo Civil.
¿Solicitan autorización todos los jueces que participan en jornadas jurídicas o en jurados de premios? La experiencia dicta que no es así. Cuando estalló el caso Ausbanc, todavía pendiente de juicio, las conversaciones interceptadas revelaron tras el verano de 2016 que un magistrado del TSJ andaluz, Heriberto Asencio, participaba con asiduidad en las jornadas jurídicas que solía organizar la asociación de Luis Pineda. Desde 2007, Asencio había coordinado, dirigido o moderado 21 seminarios de Ausbanc. Nunca pidió compatibilidad porque no lo creyó necesario. Y tampoco nunca el CGPJ le reclamó que lo hiciera. ¡Pásalo a tus amigos! Es una vergüenza y una indignidad.
