Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
@ppmp82
Desde el lunes a mediodía corrió la alarma en torno a la repentina desaparición de la pareja de esposos, Zulma Subillaga y Joaquín Bracamonte y no se tuvo noticias de ellos hasta el jueves en la noche cuando se alertó sobre la presencia de un vehículo rojo, en la zona 10.
Todas las muertes violentas de este país son lamentables, enlutan a las familias y nos deberían sacudir para entender que nos hemos acostumbrado a convivir con la cultura de la muerte, como también hemos aprendido a vivir con las terribles carencias del más del 60% de nuestra población a la que expulsamos convirtiéndolos en el principal producto de exportación que sostiene nuestra economía.
Y dentro de esos hechos de violencia hay algunos que conmocionan más por diversos contextos y formas, y así ha sido el caso de la pareja de exmilitantes del Partido Patriota, puesto que ella fue Secretaria contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata (SVET), y él fue diputado al Congreso de la República. Según se comentaba ayer entre algunos periodistas, ella se desligó de la función pública asqueada de lo que vio.
Al Ministerio Público (MP) le toca un papel fundamental en este caso, como lo es en el de las miles de muertes que ocurren en el año. La forma en que aparecieron sus cuerpos y el lugar donde dejaron el vehículo (zona con abundantes cámaras) son terribles indicios de que se trata de peligrosos hechos que la sociedad no puede ver como normales.
Aunque ha habido algunas mejoras, aún sigue existiendo mucha impunidad en torno a hechos de violencia que duele a las familias por nuestra incapacidad de reformar e invertir en el sector justicia, pues necesitamos que nuestro ente investigador tenga más personal, capacidades y presencia, lo mismo pasa con la Policía Nacional Civil (PNC) y los juzgados, pues todos deben tener capacidad de enfrentar la criminalidad con integralidad.
No podemos seguir siendo indiferentes ante una realidad que nos pasa una factura a todos. Fortalecer al sector justicia y fuerza policial debería ser un mínimo en el que los guatemaltecos nos pongamos de acuerdo porque esa criminalidad no discrimina a la hora de enlutar familias y dejar a muchos niños en orfandad.
Y es que una cosa es el vivir con el dolor de la muerte y otra es llevar esa pena sabiendo que las cosas quedan en impunidad porque no hemos invertido ni hecho los ajustes en nuestra cadena de justicia. Como bien decía el editorial de este medio ayer, ninguna tesis se puede probar de momento, pero tampoco se puede descartar ninguna.
Tales hecho llenan de dolor a una familia y deben ser una alerta para la sociedad porque no podemos permitirnos regresar al espantoso pasado.
