Víctor Ferrigno F.
Casi la mitad de los niños guatemaltecos (46.5%) están desnutridos, y entre los niños indígenas de las zonas rurales el problema es mucho más grave, afectando al 61%, según el “Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2018”, publicado la semana pasada por cuatro agencias de Naciones Unidas: FAO, OPS, Unicef y WFP.
«A estos niños les hicimos algo tan salvaje como cortarles una mano», dice Julio Berdegué, representante en América Latina de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Como la desnutrición crónica infantil es invisible, no provoca «un escándalo espantoso» como lo causaría una mutilación física, apuntó en una entrevista con BBC Mundo.
Guatemala lleva años con un problema que no se ha querido solucionar. En 2015, 183 niños murieron de hambre en el país. Al año siguiente fueron 161 y en 2017 murieron 148, todos por desnutrición infantil aguda.
Casi un millón de infantes presentan limitaciones en su desarrollo físico, psicomotriz e intelectual, sufriendo un daño irreversible, porque la desnutrición crónica antes de los 5 años deja una cicatriz invisible de por vida.
«Todos los gobiernos dicen que la situación es inaceptable, pero no lo solucionan», sostuvo Berdegué. «Además, hay problemas de corrupción y de clientelismo que agravan el hambre», afirmó.
El problema no es exclusivamente guatemalteco: en América Latina actualmente hay 700 mil niños que están en riesgo de muerte por culpa del hambre, pues «Son tan débiles que cualquier enfermedad los mata», dice Berdegué.
Según el funcionario de la FAO, en medio de este oscuro panorama, hay países que «lo han hecho muy bien», como Perú, Honduras y Bolivia. Este último país, que también tiene un nivel relativamente bajo de desarrollo económico, disminuyó a la mitad la desnutrición crónica infantil en poco más de una década.
Guatemala cuenta con clima, suelo y agua para garantizar la seguridad alimentaria de la ciudadanía, pero no ha habido voluntad de los gobiernos, ni del empresariado ni de la sociedad.
Y esta caótica situación sería mucho peor, sino fuera por las remesas que remiten los guatemaltecos expulsados del país. Los envíos han venido creciendo desde 2010, ayudando a reducir la pobreza en las comunidades de origen y facilitando tanto el acceso a la salud, a educación, y a nuevas tecnologías para los familiares de los migrantes.
Los vilipendiados migrantes, incluso acusados de terrorismo, contribuyen con un 11% del PIB en Guatemala, proviene de las remesas, que constituyen el principal sostén de las familias, quienes las utilizan para el consumo diario, según un estudio de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Para este año, el Banguat prevé que la cifra global alcance unos US$9 mil millones por remesas, ingresos que siguen en aumento, aunque con una tendencia a la moderación, debido a la persecución que sufren en EE. UU.
Según datos de la Dirección General de Migración en Guatemala, este año han retornado 79 mil 770 personas por la vía aérea y terrestre de Estados Unidos y México, superando los retornados que, en 2017, sumaron 55 mil 184 personas.
El éxodo de guatemaltecos continuará, hasta que en el país se reduzca la pobreza, la desigualdad y el hambre. Por eso duelen tanto la evasión fiscal y los desfalcos del Pacto de Corruptos. Pero les llegará su día.
