Emilio Matta

emiliomattasaravia@gmail.com

Esposo y padre. Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Francisco Marroquín, MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, Certificado en Métodos de Pronósticos por Florida International University. 24 años de trayectoria profesional en las áreas de Operaciones, Logística y Finanzas en empresas industriales, comerciales y de servicios, empresario y columnista en La Hora.

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Emilio Matta Saravia
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Producto de la Guerra Fría, quienes nacimos el siglo pasado fuimos educados en un mundo bipolar, donde las dos potencias hegemónicas (EE. UU. o los Estados Unidos de América y la URSS o la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas) se disputaban el dominio mundial y uno tenía que elegir entre ser comunista o anticomunista. No existían las posturas intermedias y existía una intransigencia feroz entre ambas posiciones.

Con el pasar del tiempo, y a pesar de que la Guerra Fría terminó hace décadas con la Perestroika de Gorbachov y el derrumbe del Muro de Berlín, no hemos sido capaces de abandonar esa atávica dicotomía del comunismo y anticomunismo (aunque el primero es una utopía imposible de realizarse en la realidad y el segundo es tan solo el caballito de batalla que ha sido utilizado siempre para sumar adeptos llevándole la contra a la utopía irrealizable). Es precisamente esa visión bipolar, con dos extremos en contraposición, la que nos ha mantenido sumidos en el más profundo atraso, donde un empresario es tildado de capitalista, oligarca, neoliberal y explotador, mientras que un defensor de los recursos naturales es automáticamente señalado de ser socialista, comunista, eco-histérico o promotor de la conflictividad. Por cierto, que el socialismo y el comunismo son dos posturas muy distintas en el plano económico y político, pero aquí nuestra ignorancia los pone dentro del mismo saco pese a sus marcadas diferencias.

En temas estratégicos como es el tema energético, se acentúa aún más, ya que o se está a favor de las hidroeléctricas o en contra. Es decir, que a las comunidades que sufren las consecuencias de instalar una hidroeléctrica en su territorio y protestan se les ve como enemigos, pero de la misma forma se ve a los empresarios que pretenden instalar proyectos hidroeléctricos en una comunidad. Y quienes pagaremos al final la factura seremos todos los guatemaltecos (incluidos los miembros de dichas comunidades y los empresarios). En el tema energético existen países como Costa Rica (para no ir muy lejos), que han logrado importantes avances en transformar su matriz energética de ser dependientes en hidrocarburos a producir 100% de energía limpia y renovable.

Lo mismo deberíamos estar haciendo en Guatemala. Para ello debemos, en primer lugar, contar con una ley de aguas que sea redactada en aras, tanto de los intereses nacionales de tener energía barata con una matriz energética limpia en base a fuentes renovables, como en atender las necesidades y resarcir adecuadamente a las comunidades afectadas por tener los proyectos energéticos en sus tierras con participación accionaria en los mismos, electrificación para dichas comunidades y atención de sus necesidades básicas (seguridad alimentaria, salud y educación) con las regalías derivadas de dichos proyectos, y también brindar certeza jurídica a los empresarios dispuestos a arriesgar su capital en emprender proyectos de esta naturaleza.

De esta forma podríamos comenzar a resolver temas muy trascendentales de forma pacífica y atendiendo los intereses de todas las partes involucradas.

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