Lo que da lugar a la tan deseada certeza jurídica es un Estado de Derecho sólido y ampliamente respetado, elemento indispensable para garantizar la pacífica convivencia y desarrollo en las sociedades. Sin embargo, la corrupción pervierte ese Estado de Derecho porque cuando entra en juego mediante el soborno a las autoridades, todas las decisiones que toman en nombre del Estado surgen bajo esa terrible contaminación. No puede haber asomo alguno de legalidad cuando para obtener una licencia, de cualquier tipo, o para hacerse de un derecho, entra en juego ese asqueroso juego que tantos juegan y que se llama corrupción.
Uno de los derechos que más se reclaman, con justa razón, es el derecho a la propiedad y su absoluta garantía, pero en un Estado que ha permitido sucios negocios registrales a lo largo de muchos años, no puede ser el garante de ese ansiado derecho del ser humano. Lo mismo pasa con las licencias y concesiones porque por mucho que Guatemala necesite un puerto moderno y eficiente, por supuesto que no puede surgir el mismo de una mordida de 30 millones de dólares pactada con el mismo Presidente de la República, de la misma manera que no puede haber legítimo derecho, ni mucho menos reclamo del beneficio de la certeza jurídica, cuando para obtener una licencia o para evadir algunos requisitos de ley, se pagó soborno en diferentes instancias de la administración.
Una propiedad registrada no puede gozar de certeza si la misma se adquirió mediante una escritura adulterada en la que se violentaron derechos del verdadero propietario y se inscribió o registró mediante el fraude de ley gracias a la corrupción. Métanse eso en la cabeza quienes reclaman con ardor la certeza jurídica. Si hay corrupción, esa certeza jamás estará presente.
Precisamente por ello es que decimos nosotros en La Hora que la verdadera certeza jurídica tiene que partir de un Estado de Derecho absolutamente sólido y respetado en el que no tenga cabida la corrupción, porque ese vicio destruye todo atisbo de legalidad en las acciones que toma el mismo Estado y, por lo tanto, no hay explicación a la paradoja de que quienes más cacarean sobre la certeza jurídica no exijan con la misma intensidad y fuerza el cese de la corrupción. Eso deja el sabor de boca de que se está adoptando un comportamiento inmoral porque lo que pretenden es que se consagren como derechos adquiridos los que surgen de los sobornos y mordidas que se pactan y entregan a los políticos aún desde antes de llegar al poder.
