Javier Monterroso

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Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales con Maestría y estudios de postgrado en Derecho Constitucional, desde hace más de 15 años trabaja como consultor en materia de justicia penal, seguridad ciudadana e incidencia política para agencias de cooperación internacional y organizaciones de la sociedad civil, catedrático universitario de grado y postgrado en la facultad de Derecho de la USAC, ex secretario privado del Ministerio Público de Guatemala.

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Javier Monterroso

La llamada Caravana de Migrantes hondureños sigue su camino a los Estados Unidos de América, y si bien es cierto que todos los años cientos de miles de centroamericanos migran en forma ilegal hacia ese país en busca de mejores oportunidades, es la primera vez que miles de personas deciden hacerlo al mismo tiempo. Y aunque no ha sido confirmado oficialmente, parece que otro contingente aun mayor de personas se prepara para iniciar un viaje similar en pocos días. La caravana ha sido utilizada políticamente por el presidente de los EE. UU. Donald Trump para exacerbar el discurso antimigración, uno de los temas que lo llevó a la Presidencia y que ahora beneficiará nuevamente al partido Republicano en las elecciones parlamentarias. Pero sin lugar a dudas la caravana representa una derrota terrible para el presidente hondureño Juan Orlando Hernández; recordemos que Hernández compitió para la reelección en 2017 aunque la Constitución hondureña lo prohibía expresamente y fue electo por medio de un fraude electoral que provocó una crisis política, enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y manifestantes y decenas de muertos.

Existen muchas similitudes entre la situación de Honduras y la de Guatemala, por ejemplo la tasa de subempleo, es decir personas que no cuentan con un empleo formal supera el 70% de la población económicamente activa, ambos países enfrentan fuertes crisis económicas producto de la baja en los mercados internacionales de sus principales productos de exportación (café, banano, azúcar, palma africana), por lo que sus economías dependen mucho de las remesas que los millones de guatemaltecos y hondureños que viven en Estados Unidos envían a sus familiares. Otra similitud es que la violencia es muy fuerte en ambos países, debido en parte a la presencia de maras y pandillas juveniles y de grupos de narcotráfico que controlan de facto importantes porciones del territorio.

Otra similitud es que ambos Estados han reconocido su incapacidad para enfrentar por sí solos la impunidad y la corrupción, por lo que cuentan con misiones internacionales de acompañamiento solicitadas por los mismos a la ONU y a la OEA respectivamente, en Guatemala la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que funciona desde 2007 y en Honduras la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) desde 2016. Sin embargo, en los dos países los gobiernos de turno han entorpecido el trabajo de estas entidades internacionales, aprobando leyes que favorecen la impunidad, retrasando el nombramiento de sus representantes o en el caso extremo de Guatemala impidiendo que el comisionado Velásquez ingrese al país.

Desde hace algunos años varios analistas políticos han usado la categoría de “Estados fallidos” para designar aquellos Estados incapaces de mantener la autoridad en su territorio pues existen grupos armados que controlan partes del mismo y disputan al estado el monopolio del uso de la fuerza, países donde no se satisfacen las necesidades básicas de la población, tiene grandes mercados informales, ineficiencia en la administración de justicia y elevados índices de pobreza y corrupción, Guatemala y Honduras encajan perfectamente en esa definición, y los gobiernos de Jimmy Morales y de Juan Orlando Hernández lejos de mejorar la situación de sus países los están hundiendo más en el subdesarrollo y en crisis económicas y de gobernabilidad.

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