/var/www/wp-content/themes/Newspaper-child/loop-single.php on line 82
/var/www/wp-content/themes/Newspaper-child/loop-single.php on line 82
/var/www/wp-content/themes/Newspaper-child/loop-single.php on line 82Hoy vence el plazo establecido por el Gobierno para que la Organización de las Naciones Unidas, (ONU), nombre a un nuevo jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG); ante ese panorama y la posibilidad de que el Ejecutivo emprenda más acciones para afectar a la Comisión u obligar su salida, consultados advierten que esto podría provocar un retroceso a 2015, hacia un sistema amañado.
POR REDACCIÓN LA HORA*
lahora@lahora.com.gt
El Procurador de los Derechos Humanos, (PDH), Jordán Rodas, al ser consultado sobre si la situación de crisis en el país nos podría llevar de nuevo a como las cosas eran antes de 2015, aseguró que Guatemala está en un punto en el que los poderosos están buscando terminar con el trabajo de la CICIG.
“Estamos un punto en el que pocos, pero muy poderosos, están celebrando anticipadamente el desaparecimiento de la Comisión y el no regreso del comisionado Velásquez, piensan que van a seguir haciendo su festín con el erario público”, dijo Rodas.
Ante esa situación, el magistrado de Conciencia destacó el papel de la sociedad civil durante esta crisis, la cual calificó como muy fortalecida, no solo en la ciudad, sino también en los departamentos con la presencia de los pueblos indígenas.
El PDH recordó que él ha actuado en esta crisis debido a que el convenio que dio vida a la CICIG, se dio en el marco de los derechos humanos.
EL TEMOR A RETROCEDER
Mientras que Álvaro Montenegro, de JusticiaYa, indicó que existe el temor de que se regrese a una situación previo a 2015 y que se destruyan todos los avances que ha impulsado la CICIG en estos años, a consecuencia de las últimas decisiones que ha tomado el Organismo Ejecutivo.
Montenegro indicó que las consecuencias de esas decisiones podrían ser desastrosas, ya que muchas de las personas que están acusadas podrían salir libres de la cárcel y en el peor de los casos que se haga más fuerte el régimen de impunidad en el país.
Además, agregó que el papel que debe jugar la ciudadanía ante esta situación de crisis política es manifestar el repudio a las acciones del Gobierno, y exigir que la CICIG y el comisionado, Iván Velásquez continúe con su trabajo.
Debido a la reciente crisis que generó el Gobierno del presidente, Jimmy Morales al precipitar la salida del jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, (CICIG), Iván Velásquez, algunos diputados temen un retroceso en la lucha contra la corrupción.
MARROQUÍN: CIUDADANÍA TIENE LA ÚLTIMA PALABRA
Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, señaló que el único tema de agenda de este Gobierno ha sido frenar la lucha contra la corrupción, “esa ha sido la única política que ha tenido consistencia en este Gobierno, y todavía con el agravante que para lograr la expulsión de la CICIG y consolidar con eso las redes políticas económicas de corrupción en el país para que recuperen el poder se hace acompañar de los Ministros”.
De acuerdo con Marroquín, ningún Gobierno civil había hecho semejante acción, “porque sí representa un retroceso democrático de treinta años”. Agregó que el retroceso es gigantesco porque todas las instituciones están siendo manipuladas para este fin, “vemos el papel que está jugando la PGN y Ministerios que lejos de estar cumpliendo con su función están respaldando un tema que no tiene nada que ver con ellos”.
“Realmente el gran mérito de este Gobierno, la gran herencia va ser dejarnos en términos democráticos con un retroceso grandísimo”, señaló Marroquín.
El analista indicó que aún se encuentra optimista de que el gobierno de Morales no va a lograr su objetivo, que es librarse de la CICIG a la cual evidentemente le tienen mucho temor.
“Creo que la ciudadanía tiene la última palabra en este conflicto, tengo esperanza que sea esa ciudadanía con su manifestación pacífica, cívica de altura le diga un no al Presidente y también al Congreso para que actué conforme a Derecho, y le den lugar al antejuicio para no tener a un Presidente que es acusado y que su única tarea es tratar de deshacerse de la CICIG”, puntualizó.
SANABRIA: SITUACIÓN ES MÁS PREOCUPANTE A 2015
Por su parte, José Carlos Sanabria, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, (Asies), señaló que las condiciones actuales son distintas a las que se vivieron en 2015. “En esta coyuntura la situación es más preocupante que en 2015 porque lo que está en juego es la institucionalidad y el estado de Derecho del país”.
El analista resaltó que el futuro de Guatemala depende de las decisiones que tome el gobierno. También acotó que luego del mensaje amenazante que enviara a la ONU, es necesario esperar la postura de los actores internacionales.
“Es difícil determinar el panorama, pero en función de lo que determine el gobierno; aunque no debería actuar en contra de las determinaciones de la ONU, seguramente veríamos condenas de los Estados a nivel internacional y otro tipo de repercusiones a nivel nacional”, destacó.
FÉLIX: LA NO CONTINUIDAD DE LA CICIG ES UN RETROCESO EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Para el congresista Walter Félix, del bloque URNG, los últimos sucesos contra la CICIG y la posibilidad de que no continúe sus funciones en el país, representaría un retroceso en la lucha contra la corrupción.
«Tristemente sería un retroceso, y eso significa que aquellos que se han enriquecido de manera ilícita lo continuarán haciendo, pues ya no habrá quién los persiga», resaltó.
«Hemos visto cómo empresarios y narcotraficantes están involucrados en casos de corrupción. Los únicos que pudieron atacar a los grupos poderosos fue la ONU por medio de la CICIG, ahora buscan deshacerse de él para continuar operando», expresó el parlamentario.
El congresista subrayó que debido a los resultados del ente internacional y el hecho que este ha «tocado los intereses» de grupos poderosos, así como la desarticulación de redes criminales, buscan deshacerse de la entidad.
«Ahora están reaccionando desesperadamente, valiéndose del Presidente, quien también está involucrado en hechos de corrupción. Ahora ya no sólo se habla de prohibir el ingreso de Iván Velásquez al país, sino de la posibilidad de denunciar el convenio que le dio vida a la CICIG», detalló el congresista.
«Las últimas acciones del gobierno refleja que no está de acuerdo con la lucha contra la corrupción, aunque digan de palabra que sí. El sistema actual necesita de la corrupción para sostenerse, así como de la represión, ahora que sienten que se les cae el sistema están actuando como lo están haciendo», enfatizó.
LIRA: MORALES NO ES CONGRUENTE
El diputado de Encuentro por Guatemala, Leonel Lira, indicó que en el país se vive una situación complicada por la decisión del Presidente de no continuar con el mandato de la CICIG y por la reciente intención de anular el convenio de este.
«El Presidente no es congruente con sus acciones, pues cuando era candidato presidencial decía que quería a la CICIG en el país, ahora resulta que ya no lo quiere más y que mejor quiere que se vaya de una vez», expresó el congresista.
Lira señaló que se debe evaluar las consecuencias que tendría el país de no continuar con la CICIG, puesto que Guatemala forma parte del sistema de las Naciones Unidas.
«Me preocupa que no se traslade todas las capacidades de la CICIG al Ministerio Público, y que no se continúe con el trabajo que han realizado en conjunto, pues se han revelado casos de corrupción importantes, habría que ver la respuesta de las Naciones Unidas y de los países donantes de CICIG», resaltó.
ROMERO: SE DEBE BUSCAR EL DIÁLOGO
Por otro lado el legislador de Fuerza, Raúl Romero, dijo que la crisis actual es dañina para el país, por lo que considera que se debe buscar el diálogo para lograr soluciones y acuerdos.
«Tenemos que entender que se debe buscar un diálogo por el bien del país, pues aún no estamos viviendo las consecuencias negativas que esta crisis va generar a la economía y a la política a nivel nacional e internacional. Se debe buscar soluciones a la crisis», concluyó.
El lunes la canciller Sandra Jovel confirmó el envío de una misiva diplomática a la ONU en la que pedían el cambio del comisionado Velásquez, por un sustituto que tuviera el visto bueno del Gobierno, además, reiteraron que no permitirían el ingreso al país del jefe de la CICIG, a pesar del amparo provisional que la Corte de Constitucionalidad otorgó al abogado Alfonso Carrillo y que despeja el camino para que lo haga.
*Con información de Eder Juárez, Luz Herrera, Hedy Quino, Denis Aguilar y Margarita Girón
¿Qué opinan otros sectores?
Recientemente la canciller Sandra Jovel indicó que el Gobierno de Guatemala desconoce a Velásquez como titular de la CICIG y que, además, esta decisión es definitiva y no negociable, por lo que exigía que en un plazo de 48 horas fuera nombrado un nuevo comisionado de la CICIG.
Mientras que el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart recalcó el lunes que no se permitiría el ingreso de Velásquez a Guatemala.
“Sin embargo, a nuestro criterio quedó muy claro, que lo que se está esperando es una negociación y un consenso entre el Gobierno y las Naciones Unidas para poder definir un comisionado o comisionada que pueda estar en Guatemala trabajando y poder terminar el proceso que se inició”, señaló el lunes el jefe de bancada de FCN-Nación, Javier Hernández.
Mientras que en redes sociales, miembros de Guatemala Inmortal como Giovanni Fratti se refirieron a la posibilidad de que el Ejecutivo intente dar por terminado el funcionamiento de CICIG en el país: “Con toda razón porque los guatemaltecos no querríamos acabar con un adefesio inconstitucional que destruye el estado de derecho?”, escribió en su cuenta de Twitter.
