La expulsión de Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), los señalamientos en su contra por parte del Gobierno de Jimmy Morales quien es señalado por un caso de posible financiamiento electoral ilícito y una advertencia de desacato, marcaron la semana anterior. En los próximos días se esperan manifestaciones por estas acciones del Gobierno y una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), que marcará al país.

POR REDACCIÓN LA HORA
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El pasado 4 de septiembre se conoció oficialmente que por decisión del presidente Morales se ordenó impedir el ingreso a Guatemala al jefe de la CICIG, quien recientemente había salido de Guatemala.

El argumento del Gobierno fue que Morales acató la recomendación que le hizo el Consejo Nacional de Seguridad (CNS) integrado por el mismo; por el vicepresidente, Jafeth Cabrera; el ministro de la Defensa, Luis Miguel Ralda; la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel; el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart; el Procurador General de la Nación (PGN), Jorge Luis Donado y Mario Duarte, secretario de Inteligencia Estratégica del Estado (SIE).

Además, le solicitaron a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que nombrara a otra persona al frente de la Comisión.

A consideración del Gobierno de Morales, Velásquez “atenta contra el orden y la seguridad pública; afectando la gobernabilidad, institucionalidad, justicia y la paz del país”.

Sin embargo, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió al comisionado Iván Velásquez que continuara al frente de la Comisión. Velásquez está apoyando desde fuera del país, debido a las circunstancias.

Días antes de que el Gobierno impidiera el ingreso a Velásquez, el presidente Morales, anunció el 31 de agosto que no prorrogaría el mandato de la CICIG, el cual vence el 3 de septiembre de 2019.

Morales anunció esta medida rodeado de miembros del Ejército y policías, así como de la canciller, Sandra Jovel; y los ministros de Defensa y Gobernación, Luis Miguel Ralda y Enrique Degenhart, respectivamente.

Minutos antes, el Ejército en los vehículos del Ministerio de Gobernación, rodearon la CICIG y otras embajadas con vehículos Jeep J8. Miembros del Ejército iban al frente de las ametralladoras 30 que poseen esos vehículos.

Aunque el Ministerio de Gobernación y Defensa negaron en una citación en el Congreso que hubiera existido un plan operativo para rodear la CICIG, La Hora conoció mapas policiales ejecutados junto con el Ejército, en el cual se evidencian las acciones a tomar el 31 de agosto, incluso la intención de permanecer y desplegar a los agentes y soldados en el perímetro de la CICIG, otras embajadas y edificios estatales como el Ministerio Público (MP), la Corte de Constitucionalidad (CC) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

RESPALDOS Y POSTURAS

Ante la expulsión de Velásquez, representantes del Parlamento Europeo, los Ministerios de Relaciones Exteriores de España, Suecia, Canadá y Noruega, manifestaron su preocupación por la decisión del Gobierno.

Por otro lado, la semana anterior también se conoció un comunicado, en donde se destacó que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo llamó al presidente Morales para reiterarle el apoyo de los Estados Unidos a la soberanía guatemalteca. Discutieron la importancia de continuar con la cooperación en la lucha contra la corrupción y la impunidad, se explicó.

El Secretario expresó el apoyo continuo de los Estados Unidos para una CICIG reformada, y se comprometió a continuar trabajando con Guatemala en la ejecución de reformas durante el año que viene. Nunca dijo que no quería CICIG o que Velásquez debía retirarse.

Mientras tanto, Senadores y congresistas de las Comisiones de Relaciones Exteriores del Senado y de la Cámara de Representantes, emitieron una carta dirigida al secretario Pompeo en la que expresaron su preocupación, debido a las recientes acciones del presidente Morales, señalando que este pareciera no estar cumpliendo con las condiciones del Congreso estadounidense para la asistencia económica a Guatemala.

La declaración fue firmada por los senadores Bob Corker y Bob Menéndez, y por los congresistas Edward R. Royce y Eliot L. Engel; quienes criticaron la decisión de Morales de no renovar el mandato de la CICIG, así como por la presencia de vehículos militares, donados por Estados Unidos, en los alrededores de esa entidad y en la embajada estadounidense en el país.

Además, la congresista estadounidense, de origen guatemalteco, Norma Torres, dijo que hubo otro intento flagrante de escapar de la corrupción y evadir la justicia, “tarde o temprano, todos los criminales se enfrentarán a la justicia”, enfatizó.

LA CANCILLER Y SUS ACUSACIONES

En tanto, en una conferencia de prensa, la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, acusó a la CICIG de manipular la justicia, de excesos en su mandato.

Aunque Jovel no fue precisa en sus acusaciones, se limitó a destacar algunos casos donde a su criterio, la CICIG manipuló la justicia, como en el caso de los hermanos Valdés Paiz, el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg.

La Canciller también mencionó el Caso Pavo Real, sobre ejecuciones extrajudiciales en el que los implicados fueron absueltos por no existir evidencia suficiente, tanto en juzgados nacionales como extranjeros, en referencia a los casos del exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), Erwin Sperisen y del exministro de Gobernación, Carlos Vielmann.

La funcionaria afirmó: “Lamentablemente la ejecución del acuerdo, sin la observancia debida de las garantías constitucionales ha causado efectos nocivos que es preciso enmendar. Al hacerlo, la CICIG se convirtió en una estructura paralela a imagen de los aparatos que estaba destinada a combatir”, reiteró.

Lea: “Canciller despotricó contra la CICIG con imprecisiones

PRESIDENTE LANZA ADVERTENCIA DE NO ACATAR

En la conferencia donde participó Jovel también estuvo el presidente Morales y otros funcionarios; afirmó que la Constitución les faculta a no obedecer órdenes ilegales, reiterando lo que dijo el 31 de agosto cuando anunció que no renovaría el mandato de la CICIG, que según la Carta Magna, las instituciones y sus funcionarios no están obligados a acatar órdenes ilegales.

“Nuestra máxima ley me faculta a no obedecer órdenes ilegales y en ese contexto, le digo al pueblo de Guatemala que a lo largo de nuestra administración de gobierno nunca tomaremos decisiones que violen el orden constitucional”, destacó Morales.

Además, el Presidente indicó que la Constitución le asigna facultades que “no son delegables y tampoco pueden ser condicionadas o restringidas”.

EXPECTATIVAS

Esta semana se espera que organizaciones y colectivos sociales realicen protestas por las acciones del Gobierno de Guatemala contra la CICIG y también porque el Congreso de la República ha impulsado intentos para reformar la Ley en Materia de Antejuicio.

La Asociación de Estudiantes (AEU) de la Universidad de San Carlos realizó hace unos días, una Asamblea General con los universitarios en donde se acordaron al menos 11 acciones a tomar, entre las que se encuentra realizar una protesta frente al Congreso de la República y manifestar el rechazo a la Iniciativa 5300, que busca modificar la Ley de Materia de Antejuicio.

Por otro lado, en los próximos días se conocerá la resolución de la Corte de Constitucionalidad que solicitó informes al presidente Morales, a la canciller Jovel, a autoridades de Migración y al Ministro de Gobernación, tras el análisis de las solicitudes de debida ejecución de amparo presentadas por las recientes decisiones emitidas por el Ejecutivo contra la CICIG y el comisionado Iván Velásquez.

Martín Guzmán explicó recientemente, que los amparistas son el procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas y los abogados Álvaro Montenegro y Elvyn Díaz, quienes solicitaron la reversión de las decisiones que ha proferido el Ejecutivo en contra de la CICIG y su comisionado.

Los amparistas dirigieron las solicitudes de debida ejecución de amparo sobre la base que, en los expedientes del año pasado, cuando promovieron acciones constitucionales, se emitieron amparos provisionales.

“Tras el análisis de las solicitudes que fueron presentadas la Corte emitió decisión de requerir informes a determinados funcionarios que están inmersos en este tema que se está tratando”, dijo Guzmán.

Entre estos funcionarios está el Presidente, la canciller Jovel, el Ministro de Gobernación, autoridades de Migración y el Consejo Nacional de Seguridad.

Ante estos acontecimientos y expectativas surge la pregunta ¿Qué rumbo tomará esta semana la nueva crisis y hacia dónde llevará al país?

Lo que sabemos de las manifestaciones de hoy

Conforme avanzó la mañana de hoy, varios guatemaltecos salieron a las calles, principalmente integrantes de organizaciones sociales para manifestarse, mostrar su apoyo a la CICIG, al comisionado y la lucha anticorrupción, mientras otros exigieron la renuncia del presidente Jimmy Morales.

Por ejemplo, cientos de pobladores realizaron una manifestación en Los Encuentros Sololá, km 127 de esa ruta. La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó que también están bloqueadas Las Trampas, en el km 117 y La Cuchilla en el km 131, esto en seguimiento a un llamado de la Municipalidad Indígena del lugar.

Según información de la Municipalidad Indígena, estas acciones son para exigir al presidente Jimmy Morales la renovación del mandato de la CICIG y reconocen la labor de ese ente por lo que exigen una prórroga del mandato para seguir desarticulando la corrupción en las distintas dependencias del Estado.

La Procuraduría de Derechos Humanos informó que sus delegados dialogan con los pobladores para que permitan la libre locomoción en el lugar al tiempo que observan el respeto a los derechos de los manifestantes.

Además, representantes de las 72 comunidades de Sololá se acercaron al Palacio Nacional y Casa Presidencial para intentar dialogar con el mandatario.

También el colectivo JusticiaYa compartió imágenes de mantas colocadas en Antigua Guatemala con mensajes contra las acciones de Morales.

Para mañana y el miércoles se prevén más manifestaciones en la ciudad capital.

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