Por Redacción La Hora
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El abogado Alfonso Carrillo solicitó a la Corte de Constitucionalidad (CC) que separe del cargo de Ministra de Relaciones Exteriores a Sandra Jovel Polanco y pide que se le certifique lo conducente por haber incumplido 3 veces con lo indicado por el Tribunal de Amparo. Según el abogado, la ministra debe ser destituida inmediatamente y por no dar exacto cumplimiento a lo ordenado se le certificará lo conducente al orden penal.
Carrillo señaló en un comunicado que la solicitud se hizo dentro de los expedientes acumulados por los amparos planteados en contra del presidente Jimmy Morales cuando decidió declarar non grato al comisionado Iván Velásquez.
En esas acciones de amparo, la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó: que se observara el contenido del artículo 12 del Acuerdo de la CICIG y se acuda a la negociación directa entre partes para resolver cualquier controversia relacionada con la interpretación y aplicación del Acuerdo; no restringir ni condicionar las funciones del Comisionado y de la CICIG; no transgredir los derechos fundamentales resguardados en los amparos provisionales otorgados; y, no incumplir con las órdenes expresas de la Corte de Constitucionalidad.
Carillo menciona que en octubre de 2017, Jovel incumplió por primera vez esa orden y decidió no renovar la visa al Comisionado Velásquez. Después de solicitudes planteadas ante la CC, la Ministra otorgó dicha visa, pero el Ministerio de Relaciones Exteriores -cartera a su cargo- giró la nota diplomática de fecha 17 de octubre de 2017 donde se le ordenó al Comisionado Velásquez “abstenerse de inmiscuirse en asuntos internos”.
En cuanto a dicha nota, la Corte determinó que era un segundo incumplimiento a la orden emanada de recurrir a los mecanismos bilaterales de solución de controversias entre el Estado y la CICIG y le ordenó que removiera dicho párrafo de la comunicación diplomática.
Tras los más recientes acontecimientos, la Ministra Jovel incumplió por tercera vez órdenes emanadas del máximo Tribunal, al haber integrado el Consejo Nacional de Seguridad y recomendado al Presidente prohibir el ingreso al país del Comisionado Velásquez.
“Dicha Corte ya había sido clara en que cualquier controversia debía resolverse mediante los mecanismos señalados en el Acuerdo de creación y determinó que cualquier acto que impidiera la labor de la CICIG o el Comisionado era nulo de pleno derecho” señaló Carillo.
Sin embargo, obviando lo que ordenó la Corte, la ministra integró dicho Consejo Nacional de Seguridad y recomendó al Presidente no permitir el ingreso del Comisionado, lo cual es una tercera violación en contra de las órdenes expresas emanadas de dicha Corte, señaló en el comunicado.
Según el abogado, las acciones de la ministra encuadran en lo regulado en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad y, por lo tanto, es procedente su inmediata separación del cargo y que se remitan las actuaciones a tribunales del orden penal para que se inicie el procedimiento respectivo.
