Pacto de Corruptos: Un año después el objetivo sigue vigente

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A días de cumplirse un año de la sesión del 13 de septiembre de 2017, en la que casi todos los diputados se unieron para aprobar leyes proimpunidad para su propio beneficio, recordamos aquel día infame que fue catalogado como la consolidación del Pacto de Corruptos en el Congreso y de cómo esta situación aún persiste en el Legislativo.

POR HEDY QUINO
hquino@lahora.com.gt

Esa mañana los diputados en pleno escuchaban y ovacionaban el discurso del presidente Jimmy Morales, después cantaron el himno nacional, así celebraban el aniversario 196 de la Independencia de Guatemala.

El hemiciclo estaba abarrotado por los congresistas, solo pocas curules, de las 158, estaban vacías, algo inusual. Había un ambiente de fiesta. El acta de la sesión de ese día marcó la inasistencia de 24 diputados.

“Señores representantes, habiéndose agotado el ceremonial, se levanta la sesión solemne que estaba programada para hoy, en diez minutos vamos a dar inicio a la sesión que fue acordada en Jefes de Bloque”, anunciaba el entonces presidente del Congreso, Óscar Chinchilla.

Estas palabras dieron paso a la sesión que sería catalogada como el Pacto de Corruptos, pues acordaron liberar a agresores sexuales, extorsionistas y productores de pornografía infantil. Pero el principal objetivo era evitar que los condenados por financiamiento electoral ilícito fueran encarcelados.

Mientras empezaba a desarrollarse la sesión, al estrado de la Junta Directiva llegó una nota firmada por los diputados Orlando Blanco, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE); Alejandra Carrillo, en ese entonces miembro del Movimiento Reformador (MR); Javier Hernández, Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) y Delia Bac, de Alianza Ciudadana (AC).

Los legisladores pedían al pleno cambiar la agenda de ese día para aprobar de urgencia nacional la iniciativa 5352, sin más explicaciones y de manera inmediata.

Se trataba del acuerdo que modificaría las penas de los delitos de financiamiento electoral ilícito, el financiamiento electoral no registrado y el financiamiento electoral anónimo.

Uno de los cambios, además, buscaba que no fuera el Secretario General de los partidos el responsable de registrar las aportaciones de las campañas electorales, sino el contador de la organización política.

Estas modificaciones beneficiaban especialmente al presidente Jimmy Morales, que en esa ocasión enfrentaba el primer proceso de antejuicio por financiamiento electoral ilícito. También favorecían a Orlando Blanco y Roberto Villate, ya que ambos diputados enfrentaban el mismo señalamiento.

Para aprobar estas modificaciones, 107 diputados se pusieron de acuerdo casi que de manera inmediata y votaron a favor de ella. Bajo el Decreto 14-2017 se creó esta nueva ley.

Después de esta aprobación, el Secretario de la Junta Directiva anunció otra petición, esta iba firmada por Orlando Blanco, de la UNE.

Esta nueva solicitud tampoco detallaba de qué trataba y al igual que el primero pedía la aprobación de urgencia nacional de la iniciativa 5351.

Esta propuesta rebajaba las penas a varios delitos, incluyendo el de financiamiento electoral ilícito.

En esa ocasión el entonces secretario de Política Criminal del Ministerio Púbico, Rootman Pérez, por medio de una publicación en Twitter dio a conocer que con esos cambios al Código Penal evitarían la cárcel a por lo menos 400 delitos.
“PACTO DE IMPUNIDAD nos deja al menos 400 delitos que podrán evitar prisión, así contribuyen los padres de la Patria con la seguridad”, decía el tuit.

A pesar de que esas reformas evitarían la cárcel a las personas que cometieran los delitos de: prostitución infantil, homicidio, extorsión, asociación ilícita, malversación, sustracción, trata de personas, financiamiento electoral ilícito, por mencionar algunos, los diputados la aprobaron de urgencia nacional. Con 106 votos a favor crearon el Decreto 15-2017.

Después de la aprobación de esas leyes, un grupo de diputados se pronunció en contra de las mismas y advertían del riesgo que corría el país. Entre ellos se encontraban Raúl Romero, Fuerza; Nineth Montenegro, Encuentro por Guatemala y Sandra Moran, Convergencia.

Por otra parte se encontraban otros que las defendieron durante la sesión, Estuardo Galdámez, FCN-Nación; Delia Back, AC y Víctor Estrada, MR.

Una vez cumplido su propósito, los diputados se levantaron de sus curules y abandonaron el hemiciclo, esto provocó que la sesión finalizara por no haber mayoría.

Estos diputados aprobaron el conocido Pacto de Corruptos

CUANDO LA CIUDADANÍA LOS HIZO RETRACTARSE

Una vez que el Congreso aprobó las leyes proimpunidad, la ciudadanía salió a las calles a manifestar en contra del denominado Pacto de Corruptos, las redes sociales se llenaron de críticas hacia el Congreso y organizaciones sociales mostraron su rechazo. Un buen número de amparos se presentaron en la Corte de Constitucionalidad (CC), contra estas reformas.

La presión ciudadana fue tal, que obligó a los diputados a retractarse un día después de aprobar el conocido Pacto de Corruptos. La Directiva de ese entonces en compañía de los Jefes de Bloque se reunió para anunciar que daban marcha atrás.

Los diputados fueron convocados a sesionar la tarde del viernes 15 de septiembre de 2017 para dejar sin efecto esas normativas; ese día cientos de ciudadanos manifestaron en las afueras del Palacio Legislativo, vigilantes del actuar de los parlamentarios. Después de la sesión, los diputados no se atrevieron a salir, y por horas permanecieron en los pasillos del Congreso.

Llegada la noche, camionetas del Sistema Penitenciario fueron a recoger a los parlamentarios, policías antimotines dispersaron a los manifestantes para abrirles camino a los congresistas.

EL NUEVO INTENTO DEL PACTO DE CORRUPTOS

Actualmente el Congreso discute la aprobación de la reforma al delito de financiamiento electoral ilícito, en su modalidad de anónimo, luego que la CC le exhortara modificar el artículo 407 N del Código Penal, la cual contempla las penas a esa falta.

La modificación que se pretende aprobar, buscan rebajar las penas para ese delito, con cinco años de cárcel conmutables, con ello los funcionarios que cometan esta falta podrán evitar ir a prisión.

La propuesta expresa textualmente: “Artículo 1. Se reforman los párrafos segundo y tercero del artículo 407 N del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República, los cuales quedan así: «La sanción a que se refiere el párrafo anterior se incrementará en dos terceras partes cuando el delito sea cometido por quien ejerza empleo, cargo público o cargo de elección popular, e inhabilitación para optar a cargos públicos por el tiempo que dure la pena impuesta.

Comete delito de financiamiento electoral ilícito en forma anónima la persona que reciba o aporte contribución dineraria o en especie para la organización política con el objeto de financiar actividades de campaña electoral de carácter permanente, habitual y de común acuerdo omitan reportarlo según lo establecido en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, con la intención de ocultar la identidad del financista. Los responsables serán sancionados con prisión de uno a cinco años, multa equivalente hasta por el cincuenta por ciento de la contribución no reportada e inhabilitación para ejercer cargo público y ser contratista o proveedor del Estado hasta por cinco años».

La ley actual castiga hasta con doce años de cárcel este delito, con ello los que cometan esta falta difícilmente evitarían ir a prisión, pues las penas son inconmutables.

Ese proyecto de ley se encuentra a la espera de aprobarse el tercer debate, para luego aprobar cada uno de sus artículos y convertirse en una nueva ley vigente en el país.

Por esta situación, en la CC se encuentran por lo menos tres solicitudes de amparo para frenar la aprobación de esta iniciativa.

Uno de los solicitantes es la diputada del Frente Parlamentario por la Transparencia y la Democracia, Andrea Villagrán, quien considera que esta discusión se debe suspender, ya que alrededor de 66 legisladores tienen conflicto de interés, pues a los partidos al que pertenecen se les investiga por esta posible falta.

El pasado 11 de junio la Asamblea Ciudadana contra la Corrupción e impunidad, Justicia Ya y la Asociación de Estudiantes Universitarios presentaron dos amparos ante la CC para que los diputados con conflicto de interés no conozcan las reformas que debilitan la tipificación del financiamiento electoral ilícito. Mañana será la vista pública en la Corte.

ENTREVISTA
ROMERO: SE DEBE APROBAR, PERO CON TRANSPARENCIA

A poco de cumplirse un año de la aprobación del conocido Pacto de Corruptos, el diputado de Fuerza e integrante del Frente Parlamentario por la Transparencia y la Democracia, Raúl Romero, considera que la modificación al financiamiento electoral ilícito se debe realizar por exhortación de la Corte de Constitucionalidad (CC), pero de manera transparente y no como se hizo el pasado 13 de septiembre.

El Congreso de nuevo tiene la intención de modificar las penas al delito de financiamiento electoral ilícito ¿El conocido Pacto de Corruptos se podría volver a aprobar como en el año pasado?

Considero que no, pues ahora estamos conociendo el mismo tema en un escenario diferente, el año pasado la forma de aprobar los cambios al financiamiento electoral ilícito fue equivocada, ya que se debía realizar el debido proceso para aprobar una ley, con más discusión y debate, y no aprobarla de urgencia nacional como se hizo, de esta manera no hubiese generado el rechazo de la población.

Ahora el Congreso está conociendo este mismo tema pero de una forma diferente, pues ahora existe una exhortación de la CC, que surgió por lo que sucedió el año pasado. El escenario es distinto, pues se conformó una Comisión en el Congreso que analizó estas reformas, y en el pleno se está realizando la discusión y el debate correspondiente, con ello el proceso se hace más transparente.

Considero que es fundamental abordar este tema y es necesario diferenciar entre un ilícito y una falta administrativa, es importante aclarar: ¿Qué es el financiamiento electoral ilícito? ¿Qué es el financiamiento electoral anónimo? Y ¿Qué es el financiamiento electoral no registrado?

Aunque estos temas son parecidos, no son lo mismo, pues no es lo mismo recibir dinero del crimen organizado, a no reportar una aportación legal por un error administrativo, como tampoco es lo mismo recibir una donación sin conocer quién la dio.

Por ello es importante separar estas tres faltas, para que la pena y el castigo se realice tal como lo indicó la CC; con gradualidad, proporcionalidad y justicia.

Pese a que se ha conformado una Comisión específica para este tema, esto no impide a que en cualquier momento se busque la aprobación de urgencia nacional.

Creo que esto sería muy difícil que se haga, en primer lugar el proceso de discusión y debate ya está en marcha, como indiqué anteriormente, esta propuesta se hizo apegada a la ley, acatando las recomendaciones de la máxima corte, y se ha retomado el tema a solicitud de la CC. El proceso ahora es más transparente.

Sin embargo esta propuesta sigue siendo criticada por la sociedad, ya que la iniciativa que se está discutiendo rebaja las penas a ese delito.

En su momento la Comisión conoció dos propuestas, la primera se centraba en las penas de 2 a 5 años, esto significaba que las penas eran conmutables y la otra planteaba el castigo 6 años en adelante, con penas inconmutables, aunque la iniciativa optó por la primera, se deja la libertad al juez que decida si las penas son conmutables o no.

Personalmente creo que esta propuesta es mejor a como se hizo el año pasado, no aclarar este tema es dañino para el proceso electoral, pues la ley actual no deja claro cada uno de los aspectos de esta falta.

El hecho que la CC emitiera una recomendación, que la propuesta se realizara en una comisión específica que escuchó a varios sectores y que esta cuente con un dictamen favorable, ya es un avance, quizás la iniciativa no cumple con todas las expectativas, pero esto es mejor a lo que se tenía antes.

¿Y existen los consensos para aprobar esta iniciativa?

Nos encontramos a pocos meses de iniciar la contienda electoral, creo que los bloques legislativos están conscientes de esto y de la importancia de crear certeza jurídica en este proceso electoral. El no hacerlo generaría opacidad en las elecciones generales, por lo que espero que sí se apruebe este tema, en aras de la transparencia y la democracia.