Oscar Clemente Marroquín
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Por supuesto que la muerte de cualquier persona es lamentable y se convierte para los deudos en una pérdida irreparable y sumamente dolorosa, lo cual se aplica para todos al margen de las circunstancias en que se produce el deceso o de las cualidades o defectos de la persona. En ese sentido es natural que el fallecimiento del exdiputado Barquín genere reacciones de variado tipo, sobre todo relacionadas con el hecho de que se produjo cuando él estaba ligado a un proceso penal por delitos de gravedad.
Pero resulta que el proceso, como todos los que se ventilan en Guatemala, había superado con creces el tiempo que, según los plazos legales, debió transcurrir para que se dictara sentencia y ello tiene varias explicaciones que van desde el déficit en el número de jueces por cada cien mil habitantes, que en Guatemala es de seis, hasta la complejidad de algunos casos como el de La Línea que tiene 92 sindicados que hacen uso de su derecho de defensa interponiendo acciones que, por fuerza, entrampan los trámites para todos los otros vinculados a la acusación.
El tema es añejo, pero los guatemaltecos no le poníamos coco porque resulta que los procesados históricamente fueron parte del lumpen social, con rarísimas excepciones, lo cual significaba que no tenían tampoco acceso a los medios ni a la opinión pública para hacer ver la lentitud del sistema. Un ladrón de gallinas se podía pasar años en prisión preventiva y sufriendo retrasos derivados de la ineficiencia del sistema sin que nadie pusiera el menor reparo en su caso, pero cuando se procedió por vez primera en contra de la norma de impunidad en el país y empezaron a desfilar por la carceleta personajes de cierto nivel y poder, el drama de nuestro sistema judicial saltó a la primera plana de los diarios y a los espacios estelares de los noticieros porque se convirtió en tema de debate, sobre todo porque muchos de los sindicados recibieron resoluciones que ordenaron prisión preventiva.
Pero es fundamental que hagamos un análisis de cómo se produjo también otro fenómeno que vino a complicar más las cosas y es el del litigio malicioso para entrampar los casos. La idea general ha sido que convenía ganar tiempo para que llegara a producirse un cambio en el Ministerio Público y que acabara el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad y por ello se hizo uso de todo tipo de argucias para ir deteniendo la marcha de la justicia. Sólo así se puede explicar el interés que había por retrasar los casos cuando los sindicados estaban en prisión preventiva. El sentido común dice que si alguien está preso quiere acelerar el juicio para salir cuanto antes (sobre todo si se considera inocente) pero los hechos demuestran que aquí el objetivo es evitar a toda costa que se llegue siquiera a la valoración de la prueba.
Lo cierto es que las debilidades del Sistema de Justicia están a la vista, pero ni así los sectores de poder quieren cambios porque, de una u otra manera, éste es su sistema y el que les asegura su impunidad.
